El Constitucional AVALA LA PRIVATIZACIÓN del Canal de Isabel II de Madrid

El exdirector del Canal de Isabel II intentó destruir 16 documentos relacionados con el caso Lezo

12 / 05 / 2017 11:53

La Dirección del Canal de Isabel II ha puesto en conocimiento del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dos denuncias relacionadas con el ‘caso Lezo’, revelando una de ellas una supuesta maniobra del exdirector general de la empresa pública Adrián Martín López para intentar destruir hasta 16 documentos relacionados con la actividad de Inassa.

Según ha informado la Cadena Ser, la operación fallida consta en un escrito del comité de Ética y Cumplimiento del Canal de Isabel II, reunido el pasado 8 de mayo, en el que se acuerda remitir al juzgado dos denuncias firmadas por dos trabajadores adscritos a dicha Dirección General que implican a Martín López.

El exdirector del Canal es uno de los investigados en la ‘Operación Lezo‘. Se encuentra en libertad provisional bajo fianza de 100.000 euros por delitos de pertenencia en organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.

Martín López está implicado en la compra irregular de la brasileña Emissao Engenharia e Construçoes que hizo el Canal de Isabel II en 2013 por 23 millones de euros.

En el documento, al que ha tenido acceso la ‘Cadena Ser’, se detalla que el primer escrito hace referencia a «una serie de documentos relacionados en el mismo, que el entonces director general entregó, a finales de abril de 2016, al primer trabajador dependiente de él, con la indicación de que fuera destruidos».

El segundo escrito relata dos llamadas que recibió un segundo trabajador. La primera tuvo lugar directamente por parte del anterior director general, en la semana del 10 de mayo de 2016, en la que le pide a dicho trabajador que elimine el registro de las reuniones que tuvo él como director general, durante el periodo comprendido entre 2012 y 2016″.

La segunda llamada fue hace pocos días, el pasado 3 de mayo de este año, a través de la mujer de éste último, solicitando a este trabajador dos informes de auditoría», según recoge el escrito.

De acuerdo con «la obligación» asumida por la sociedad de informar al juzgado de los hechos transcendentes para la causa judicial, se acuerda por unanimidad remitir el original de dichos escritos a la Dirección de la Secretaria General Técnica, al objeto de ponerlo en conocimiento del Juzgado.

Fuentes del Canal de Isabel II han indicado a Europa Press su intención de no hacer valoraciones sobre este asunto al ser una cuestión «confidencial» del Comité Ético de la empresa. (EP)

Noticias relacionadas:

El exDAO de la Policía Nacional niega las acusaciones, y asegura que la denunciante acudió a su casa «propia y conscientemente»

El CGPJ archiva los expedientes abiertos sobre los magistrados Eloy Velasco y Manuel Ruiz de Lara

Eloy Velasco presenta en ICADE un manual sobre implantación de canales de denuncia en España

Humanos y algoritmos bajo supervisión: la auditoría del futuro se debatió en la IV Edición del Foro de Expertos Confilegal Auditores

Eloy Velasco, magistrado: “No hay otra manera de combatir la tecnología que con tecnología”

División en la Permanente del CGPJ por el expediente disciplinario a Eloy Velasco: cuatro vocales defendieron el archivo

Lo último en Tribunales

Guardia civil de espaldas.

La Guardia Civil abre expediente disciplinario al capitán de la UCO implicado en el ‘caso Leire Díez’ y lo suspende de funciones, cautelarmente

leire diez en plaza de castilla

El PSOE eleva a 44.859 euros los pagos reconocidos a Leire Díez como asesora de comunicación

Policía Nacional(1)

El TSJ de Madrid anula la exclusión de un aspirante a Policía Nacional por la pérdida traumática del bazo

stradivarius zara despido

Un holding uso datos de dos empresas para despedir a una empleada: el juez condena con 5.000 € por vulneración de la intimidad

Ferrer y Martínez Arrieta compiten por presidir la Sala Penal del TS y Teso y Lucas, por lo Contencioso-Administrativo

El Supremo pone freno a las empresas: las cláusulas que permiten cambiar unilateralmente la jornada son nulas