José Manuel Maza nombró a Juan José Peñer, miembro de la UPF, fiscal jefe de Salamanca el pasado mes de febrero; nombramiento que la asociación progresista de fiscales defiende frente a las críticas del grupo confederar de izquierdas. Carlos Berbell/Confilegal.
La Unión Progresista de Fiscales defiende la legalidad del nombramiento del nuevo fiscal jefe de Salamanca frente a las críticas de Podemos
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05/6/2017 04:58
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Actualizado: 05/5/2021 11:56
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La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha salido a la defensa de la legalidad del nombramiento del nuevo fiscal jefe de Salamanca, Juan José Peñera –realizado en febrero por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, frente a las acusaciones de irregularidades esgrimidadas por el portavoz del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Jaume Moya.
Peñera es miembro de esta asociación progresista de fiscales, una de las tres asociaciones de la carrera existentes.
«El nombramiento del citado fiscal, así como todo su proceso, es intachable y ha sido realizado con absoluta trasparencia y cumpliendo todos los trámites legales, como ha reconocido la propia Fiscalía General del Estado a todos aquellos medios de comunicación que han solicitado información sobre el mismo», dice la UPF en una nota de prensa.
El diputado del grupo confederal de izquierdas hizo una pregunta parlamentaria inquiriendo al Gobierno sobre una posible posible irregularidad en el nombramiento llevado a cabo contra el apartado 6 del artículo 57 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y pidiendo la comparecencia de Maza para que lo explique.
Este artículo impide ejercer el cargo de fiscal jefe allí donde ejerzan habitualmente como abogado o procurador su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad o un pariente dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, salvo que se trate de circunscripciones territoriales de más de quinientos mil habitantes y sin perjuicio del deber de abstención cuando proceda.
El nombramiento de Peñera, según Moya «sería otro ejemplo más de nombramientos de fiscales por José Manuel Maza Martín que atienden más a la voluntad personal del Fiscal General del Estado que a la ley o al interés de la ciudadanía, pues un fiscal jefe nombrado contra derecho podría hipotecar el funcionamiento del Ministerio Fiscal en Salamanca, al estar la legitimidad de su nombramiento comprometida».
Una burda manipulación del Estatuto del Ministerio Fiscal
La UPF corrige de modo contundente al diputado Moya, en defensa de su compañero, recordándole que «fue la propia Unión Progresista de Fiscales quien, antes incluso de convocarse el concurso ofertando las plazas de fiscales pendientes de designación, en interés no solo de sus asociados, sino de toda la carrera fiscal, consultó a la Inspección Fiscal la posibilidad de aplicar a la carrera fiscal, cuyo régimen de incompatibilidades y prohibiciones es similar a la de la carrera judicial, la doctrina jurisprudencial que de modo reiterado se venía estableciendo por la jurisprudencia en sentencias de Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2005 y 22 de enero de 2008», explica la UPF.
«El propio interesado hizo constar esa circunstancia en su solicitud y la renuncia por parte de su cónyuge de intervenir en procesos donde interviniera el Ministerio Fiscal. Esta circunstancia fue valorada por la Inspección fiscal, por la Comisión de Valoración, por el Consejo Fiscal de 3 de febrero y el posterior consejo fiscal de 22 y 23 de febrero en el que se adoptó la propuesta de nombramiento, concluyendo en todos ellos que no se daba ninguna incompatibilidad o prohibición«, añade.
La UPF afirma que lamenta que se utilicen las labores de control al Gobenro como «medio de un ataque personal a la carrera fiscal».
En especial «mediante la burda manipulación del texto del artículo 57 de nuestro Estatuto, haciendo desaparecer del mismo un inciso para cambiar el sentido del mismo, queriendo parecer que se establece una incompatibilidad de cualquier fiscal con el ejercicio de la abogacía por su cónyuge, cuando en el mismo lo que se recoge es la incompatibilidad del ejercicio simultaneo del cargo de fiscal con el ejercicio profesional de la abogacía por la misma persona.»
La asociación progresista de fiscales concluye recordando que el control de la legalidad de estos nombramientos se puede llevar a cabo a través de los recursos contencioso-administrativos. Y a ellos no les consta que Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea hayan presentado ningún recurso contra ese nombramiento.
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