El juez Presencia en una foto tomada en junio de 2015 en la Sala de Vistas de los Juzgados de Talavera, de los que era decano. Carlos Berbell/Confilegal.
Presencia se querella por prevaricación y detención ilegal contra la jueza sustituta que ordenó arrestarlo
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13/6/2017 04:58
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Actualizado: 13/6/2017 11:15
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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) tiene encima de su mesa la querella que el magistrado Fernando Presencia ha presentado, por los supuestos delitos de prevaricación judicial, del 446 del Código Penal, y de detención ilegal, del artículo 167.1 del mismo Código, contra María Soledad Losana de los Reyes, jueza sustituta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Talavera de la Reina.
El paso que ha dado Presencia, a través del despacho Garzón Abogados, de Madrid, es la consecuencia lógica después de que la Sala de lo Civil y Penal del TSJCLM archivara la recusación-denuncia presentada por el magistrado contra la jueza sustituta por una supuesta prevaricación al ordenar su arresto, el pasado 1 de febrero, sin haber investigado, con carácter previo, si el jefe de la Sección de la Fiscalía de Talavera, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, había construido su chalet en zona chalé en zona prohibida, perteneciente al dominio público hidráulico. Junto al Arroyo Berrenchín, en la localidad de Pepino.
El conflicto de la detención se produjo porque la jueza sustituta había dado curso a la querella por injurias y calumnias presentada por De la Cruz Andrade contra Presencia por las afirmaciones que, desde junio de 2015, viene realizando el magistrado sobre el chalet del jefe de la Sección de Fiscalía, a quien le ha imputado los supuestos hechos delictivos de “blanqueo de capitales, delito medioambiental y delito contra la ordenación del territorio”.
El magistrado argumentó que, con carácter previo a esa querella, la jueza sustituta estaba obligada a investigar sus alegaciones, puesto que, de la veracidad de las mismas, dependía la viabilidad de la querella.
Desde su punto de vista, si se demostraba que De la Cruz Andrade había construido su chalet en zona mediaoambientalmente protegida operaría la «exceptio veritatis», la excepción a la verdad. Se habría probado que lo afirmado era verdad y la querella por injurias y calumnias tendría que ser descartada.
La Confederación Hidrográfica del Tajo ordenó demoler el chalet en 2009
En este sentido, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ordenó en 2009, al fiscal decano demoler el chalet al estar construido en “zona de policía” del cauce del Arroyo Berrenchín.
La Resolución fue dictada, según la CHT, el 6 de marzo de 2009, “imponiendo la obligación de reponer las cosas a su estado anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 118 del Texto refundido de la Ley de Aguas, salvo que sean legalizadas las obras o autorizados los trabajos denunciados a instancia del interesado”.
Esto último no se ha producido.
Un año antes, el 14 de noviembre de 2008, la misma CHT le incoó, asimismo, un expediente sancionador -D-3068-, que lleva fecha de 14 de noviembre de 2008, “por limpieza del cauce de Arroyo Berrenchín y obras de construcción de una vivienda en zona de policía del citado cauce en el término municipal de Pepino, Toledo, sin autorización administrativa de este organismo”.
Y le impuso una multa de 1.200 euros en la persona de la esposa del fiscal decano, María García, que figura como copropietaria del inmueble.
A pesar de la mencionada Resolución no se ha hecho nada al respecto.
Presencia recusó a la jueza sustituta
Presencia recusó a la jueza sustituta el 27 de diciembre. Y el 31 de enero pasado convirtió la recusación en denuncia, 24 horas antes de que Losana de los Reyes ordenara su detención, el 1 de febrero.
El magistrado, finalmente, no llegó a ser detenido en su casa sino que se presentó voluntariamente en la Comisaría de Policía. Allí se produjo la detención formal. Luego fue introducido en un coche sin distintivos policiales, acompañado de su abogado, y conducido a los Juzgados de Talavera de la Reina.
Una vez ante la jueza sustituta, Presencia se acogió a su derecho a no declarar pero pidió explicar por qué.
Algo que la jueza sustituta no entendió en un principio, por lo que decidió no dejarle hacerlo.
El abogado de Presencia, Jesús Garzón, del bufete madrileño Garzón Abogados, intervino entonces recordando a la jueza sustituta que su cliente tenía derecho a explicar por qué no iba a contestar a ninguna pregunta.
Tras un tira y afloja, Losana de los Reyes dejó que finalmente se explicara el magistrado, quien aprovechó recordarle que, como autoridad judicial que es, ya que no ha perdido su condición de magistrado, no podía ordenar su detención como un delincuente, de la forma que lo había hecho, porque estaba vulnerando la esencia misma de la independencia judicial, que también la protegería a ella, llegado el caso. Por ello, le anunció que la había recusado unas semanas antes y que le había puesto una denuncia por prevaricación por correo electrónico, ante la Policía Nacional, el día anterior.
La jueza sustituta, que reemplaza temporalmente al magistrado Fernando Presencia al frente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Talavera de la Reina y que ordenó su detención, no dejó formular ninguna pregunta a su abogado en el curso del interrogatorio.
Sin embargo, sí permitió que el abogado de la acusación particular, Javier González de Rivera, le hiciera las preguntas que estimó oportunas.
González de Rivera representa al querellante, el fiscal Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, quien ejerce como jefe de la Sección de la Fiscalía de Talavera.
Presencia se negó a contestar a ninguna de las preguntas que le formuló.
“La conducta de la señora jueza sustituta, desde nuestro punto de vista, supone una vulneración del derecho de defensa, a la igualdad de armas y al proceso debido”, declaró Garzón. “Si un juez permite preguntar a una parte debe hacer lo mismo con la otra. Es lo que dice la ley y no hay otra”.
El chalet, bajo investigación
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ordenó, el 22 de marzo, a María del Carmen Pozuelo Sánchez, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Talavera de la Reina, que investigara los hechos denunciados por Presencia, en relación con el chalet del fiscal De la Cruz Andrade.
Así lo decidió en un auto el tribunal compuesto por los magistrados Eduardo Salinas Verdeguer, Jesús Martínez-Escribano Gómez y José Antonio Fernández Buendía.
La magistrada Pozuelo Sánchez se había inhibido al TSJCLM tras el escrito de recusación que le fue presentado por el magistrado Fernando Presencia contra la jueza sustituta que había ordenado su detención.
En dicho documento imputó al fiscal decano de Talavera un delito medioambiental, otro contra la ordenación del territorio y un tercero de blanqueo de capitales por la construcción de su chalet.
El tribunal del TSJCLM considera que los hechos supuestamente atribuidos a De la Cruz Andrade “nada tienen que ver con el ejercicio de las funciones propias del cargo” de fiscal.
Por lo tanto, no rige, en este caso, el aforamiento y la competencia del TSJCLM para investigar dichos hechos sino que le corresponde al juez predeterminado por la ley, en este caso, la magistrada Pozuelo Sánchez.
La investigación que la magistrada Pozuelo Sánchez está abocada a poner a prueba la credibilidad de la Fiscalía General del Estado.
Porque ni el fiscal decano, De la Cruz Andrade, ni los tres fiscales que tiene a sus órdenes en Talavera de la Reina pueden tomar parte en la consiguiente instrucción.
El primero por ser el investigado y el resto porque están “contaminados” por su dependencia jerárquica.
Su apariencia de imparcialidad está comprometida.
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