El grupo de Unidos Podemos-En Comú-En Marea del Congreso ha pedido al presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, que explique en la correspondiente comisión parlamentaria el por qué de las condenas del Tribunal Supremo por su política de personal desde 2012.
Su portavoz en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Segundo González, ha registrado en el Congreso una solicitud de comparecencia y ha anunciado que, en caso de que estas no resulten «convincentes», cree que «habría motivos suficientes para solicitar la dimisión del presidente y del Consejo, que es el responsable de estas decisiones».
En declaraciones a los medios minutos después de efectuar el registro, González ha sostenido que «el actual Tribunal de Cuentas no cumple» con su función de «prevención y lucha contra la corrupción».
«Creemos que es por la excesiva politización y la relación de esa politización con el funcionamiento del Tribunal de Cuentas».
El diputado de Podemos ha recibido en la Cámara Baja a una representación de trabajadores y técnicos del órgano fiscalizador de UGT, que han presentado en el Congreso un escrito en el que detallan las sentencias del Tribunal Supremo, algunas de las cuales declaran la existencia de «desviación de poder» en la institución.
Según González, ha existido «abuso de nombramientos discrecionales», entre ellos el del hermano del vicepresidente del Tribunal, algo «intolerante», a juicio del diputado. «No se puede dar este tipo de prácticas en una entidad que debería predicar con el ejemplo», ha subrayado.
Un «reino de Taifas», según la UGT
En su informe presentado en el Congreso, UGT critica el gobierno del Tribunal de Cuentas, señalando a cada uno de los doce consejeros que, denuncian, «dirigen su departamento como si fuera un ‘reino de Taifas’, con un sueldo de unos 120.000 euros anuales, coche oficial y gastos de representación».
Asimismo, lamentan la falta de transparencia por no ser públicas ni sus agendas ni la verificación de sus horarios, así como la falta de independencia e imparcialidad, ya que la designación de los cargos -seis por el Congreso y otros seis por el Senado- correspondieron a designaciones del PP (6), PSOE (5) e IU (1).
En todo caso, es la selección de personal y su repercusión en la independencia del Tribunal donde más inciden pues denuncian los nombramientos de funcionarios ajenos al Tribunal, la falta de convocatorias regulares de oposiciones y la contratación a través de «un instrumento excepcional» como la comisión de servicio que, aseguran, «permite posponer la salida de la plaza en el BOE hasta que se considere un momento oportuno». EP.
