«Es necesaria una reflexión en profundidad para que no se repita lo que ha ocurrido en el Tribunal de Cuentas, al que el Tribunal Supremo le ha condenado en costas. La condena en cosas es habitual cuando la Administración, o el particular,pierde el pleito y el asunto no es muy controvertido; pero aquí la sentencia del Tribunal Supremo dice, con toda claridad que ha habido ‘desviación de poder'», afirma Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho, que tiene como misión la lucha contra la corrupción y la defensa del Estado de Derecho.
«De manera que entiende acreditado que se han realizado una serie de actuaciones para asegurar que la plaza iba a ser para el hermano del vicepresidente del Tribunal de Cuentas. Y no es de recibo que en estos casos donde el Tribunal aprecia una responsabilidad tan clara las costas las termine pagando el contribuyente, vía presupuesto del Tribunal de Cuentas», añade.
De la Nuez se expresaba así a raíz de la noticia publicada ayer por Confilegal, que llevaba por título «El presidente del Tribunal de Cuentas y la Comisión de Gobierno, denunciados por responsabilidad contable».
En la misma relatábamos que el letrado de esa institución, Fernando Clemente de Antonio, había denunciado al presidente, Ramón Álvarez de Miranda, y a los dos miembros restantes de la Comisión de Gobierno, Javier Medina Guijarro y Felipe García Ortiz, por responsabilidad contable, al haber hecho incurrir a la institución en el desembolso de 38.000 euros, en concepto de costas, que han tenido que pagarse por las 6 condenas impuestas por el Tribunal Supremo.
«La última de las sentencias del Supremo es demoledora y nada habitual en absoluto. Porque una ‘desviación de poder’ es muy difícil de acreditar. Es muy raro que el Supremo diga que ha habido ‘desviación de poder’. Además la cuantía es muy importante: es evidente que el Tribunal Supremo estaba cansado de decir lo mismo en varias sentencias«, añade De La Nuez.
Para la secretaria general de la Fundación Hay Derecho, lo sucedido, «desde un punto de vista institucional es poco presentable. La sentencia apunta claramente a los máximos responsables del organismo en que son los que deciden sobre la política de recursos humanos en general y sobre la convocatoria de esta plaza en particular.
«Y lo que es del todo inadmisible es que nadie asuma responsabilidades por estas actuaciones y que al final el único que pague los platos rotos sea el contribuyente. De esa forma lo que garantizamos es que la desviación de poder salga gratis», prosigue.
«Que una sentencia como esa no produzca ningún efecto es demoledor. La denuncia de Fernando Clemente contribuye a poner el foco sobre una cuestión que, a mi juicio, no ha sido suficientemente estudiada«, señala De la Nuez.
«Por eso urge una reflexión sobre este tipo de conductas y sobre el tipo de responsabilidad administrativa e institucional que corresponde a sus responsables . Lo que no puede ser es que no se asuma ninguna», concluye.
