La Sala Tercera del Tribunal Supremo, en su sentencia 679/2025, ha reconocido la legitimación activa de la Fundación Hay Derecho para impugnar el nombramiento de Mariano Bacigalupo como consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en contra del criterio que había sostenido la Audiencia Nacional.
El fallo supone un avance relevante en la jurisprudencia sobre el papel de las organizaciones de la sociedad civil en la defensa del buen funcionamiento institucional.
El Tribunal Supremo, en línea con su sentencia 1661/2023 (el conocido como «caso Magdalena Valerio» ), reitera ahora que Hay Derecho cuenta con legitimación activa por su acreditada trayectoria en defensa del Estado de derecho, la profesionalidad de las instituciones y los principios de mérito y capacidad en el acceso a cargos públicos.
Y, en este sentido, subraya que Hay Derecho “no es una pantalla instrumental creada para litigar, sino una entidad que se ha hecho un lugar propio” en el ámbito del interés público.
La Fundación recurrió la Orden ETD/883/2022, que formalizaba el nombramiento, de Bacigalupo por dos motivos: la falta de idoneidad profesional del candidato —que pasó sin solución de continuidad de la CNMC a la CNMV— y un posible conflicto de intereses derivado de su relación matrimonial con la entonces ministra Teresa Ribera y su nombramiento por parte de otra ministra del mismo Gobierno, Nadia Calviño.
Inicialmente, la Audiencia Nacional inadmitió el recurso al considerar que Hay Derecho carecía de legitimación.
legitimación de Hay Derecho
Sin embargo, ahora, el Supremo, en una sentencia en la que ha sido ponente Antonio Jesús Fonseca-Herrero revoca esa decisión y reconoce expresamente que la Fundación tiene derecho a cuestionar judicialmente nombramientos que puedan vulnerar los principios de mérito, capacidad e imparcialidad institucional.
«Consideramos fundamental el reconocimiento de la legitimación activa en el ámbito contencioso-administrativo a organizaciones como Hay Derecho», ha declarado Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación.
Por su parte, su directora general, Safira Cantos, ha subrayado que esta sentencia «es un paso crucial en la consolidación de la jurisprudencia sobre la capacidad de organizaciones de la sociedad civil en la defensa del buen funcionamiento de las instituciones».
Tras esta decisión, la Audiencia Nacional deberá ahora pronunciarse sobre el fondo del asunto.
