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El presidente del Tribunal de Cuentas y la Comisión de Gobierno, denunciados por responsabilidad contable

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón María Álvarez de Miranda García, denunciado junto con Javier Medina y Felipe García Ortiz, que conforman la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas.
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El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, y los miembros de la Comisión de Gobierno, Javier Medina Guijarro y Felipe García Ortiz, han sido denunciados pos responsabilidad contable por el Letrado de ese órgano constitucional, Fernando Clemente de Antonio, al haber hecho incurrir a la institución en el desembolso de 38.000 euros, en concepto de costas que han tenido que pagarse por las seis condenas impuestas por el Tribunal Supremo.

Una de las condenas del alto tribunal declaró que había habido «desviación de poder» en el nombramiento de Enrique Medina Guijarro, hermano del consejero Javier Medina Guijarro [vicepresidente de facto y consejero a propuesta del PP], como subdirector técnico nivel 30, en la Dirección Técnica de la Presidencia del Tribunal; 4.000 euros netos mensuales.

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«Dichas costas causan un perjuicio a los fondos públicos del Tribunal de Cuentas y a la Hacienda Pública en general, dado que las costas se han generado en procesos judiciales donde el Tribunal de Cuentas ha sido condenado por diversas ilegalidades, incluida la comisión de actos arbitrarios y la desviación de poder, es por ello que el Tribunal de Cuentas no tiene por qué soportar el pago de las costas generado por un conjunto de actuaciones contrarias a Derecho, así declaradas por el Tribunal Supremo, de las cuales, al menos son responsables los titulares de la Comisión de Gobierno y de la Presidencia del Tribunal de Cuentas», afirma Clemente en su denuncia ante el propio órgano, por la vía contable.

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«Los ciudadanos con sus tributos no tienen que soportar el coste de determinadas actuaciones ilegales, tal y como ha declarado el Tribunal Supremo y que en algunos supuestos contaban con un Informe en contra del Abogado del Estado, con lo cual no se podía argumentar que desconocían o ignoraban la trascendencia de sus actuaciones», añade el Letrado en su denuncia, a la que ha tenido acceso Confilegal.

Clemente dirige esta acción legal contra los titulares de la Comisión de Gobierno y de la Presidencia del Tribunal de Cuentas porque poseen la competencia de los actos y resoluciones que dieron origen a los recursos de alzada y a las actuaciones que «impiden la ejecución de los fallos de las sentencias en sus puros y debidos términos».

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Desde 2015, el Tribunal de Cuentas ha sido condenado por cuatro sentencias. La primera, el 4 de febrero de 2015; la segunda, el 18 de diciembre de ese mismo año; la tercera, el 2 de febrero de 2016; y la cuarta, el 25 de abril de 2016. Con dos autos de ejecución de sentencia. El primero, el 21 de diciembre de 2015. Y el segundo, el 8 de febrero de 2107, que obligaba, de forma imperiosa al Tribunal de Cuentas, a obedecer la última sentencia, después de varios meses de incumplimiento flagrante.

Denuncia histórica

Es la primera vez en la historia del Tribunal de Cuentas que se produce una denuncia de este tipo, por la vía contable, lo que la convierte en una auténtica «patata caliente».

Le corresponde a la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas, órgano cuyos componentes han sido denunciados por responsabilidad contable, nombrar a un instructor para investigar los hechos denunciados, por lo que se daría la paradoja de que los tres denunciados tendrían voz y voto a la hora de tomar una decisión.

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Lo lógico sería turnar la denuncia a los consejeros de la Sección de Enjuiciamiento y dar la posibilidad al denunciante de personarse para ejercitar la acción popular.

Igualmente deberían ser oídos el abogado del Estado y al fiscal del Tribunal de Cuentas para que informen si consideran que la denuncia de Clemente tiene alguna base.

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Si es así, se daría la paradoja de que la Comisión de Gobierno, cuyos miembros están denunciados, sería la que tendría que nombrar un instructor, un funcionario del Tribunal de Cuentas, para que investigue el caso hasta el fondo y determine si, como afirma el letrado, los 38.000 euros desembolsados en costas suponen responsabilidad contable.

Dicho funcionario es nombrado por el procedimiento de libre designación y por tanto no tiene garantizada su inamovilidad, pudiendo ser cesado libremente.