La Sección Sindical de la Unión General de Trabajadores del Tribunal de Cuentas exige la dimisión del presidente de la institución, Ramón Álvarez de Miranda, y de los miembros del Pleno que apoyaron decisiones arbitrarias, ilegales y constitutivas de «desviación de poder», relativas a nombramientos de libre designación, plasmadas en seis sentencias condenatorias del Tribunal Supremo y por las que la institución ha sido condenada a pagar un total de 60.000 euros en costa, según sus cálculos.
«Desde la UGT hemos siempre entendido que por las razones de ética y estética exigibles a todos los cargos públicos en los deberes para los que fueron nombrados, especialmente a los de un Órgano Constitucional encargado de velar por el cumplimiento de la legislación, es inexcusable que por propia iniciativa, y sin perjuicio de las competencias de las Cortes Generales, cada miembro del Pleno asuma la responsabilidad que tras dichas sentencias le corresponda y dimitan si se les puede atribuir responsabilidad por su voto en las resoluciones del Pleno del Tribunal de Cuentas», dice el documento que el jueves le fue entregado a Segundo González, portavoz del grupo confederal en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
González, a raíz de esa información, registró en el Congreso una solicitud de comparecencia y ha anunciado que, en caso de que estas no resulten “convincentes”, cree que “habría motivos suficientes para solicitar la dimisión del presidente y del Consejo, que es el responsable de estas decisiones”.
En declaraciones a los medios minutos después de efectuar el registro, González ha sostenido que “el actual Tribunal de Cuentas no cumple” con su función de “prevención y lucha contra la corrupción”.
UGT recuerda en el documento que «Tal y como se ha expuesto, el Tribunal de Cuentas ha sido condenado en costas en dichas sentencias, resultando que ha debido pagar, salvo de error u omisión, un total de 60.000€ por este concepto (la última de 2017 era de 10.000 más 21 % IVA)».
«Ante este injustificable perjuicio para el erario público, la Comisión de Gobierno ha sido denunciada por un letrado de la propia institución por presunta responsabilidad contable, en junio de 2017«, dice la sección sindical citada.
El sindicato socialista recuerda, además, que el Tribunal de Cuentas no está cumpliendo con su función.
«Apenas se han detectado ni perseguido casos de corrupción en todos estos años, lo que plantea la duda de si los Consejeros del TCu son los responsables de la falta de resultados o es una legislación inadecuada la que provoca esta inoperancia, o se juntan ambas circunstancias. Las Cortes deben valorar esta situación», dicen.
Por ello, aconsejan que se abra una nueva etapa «sin Consejeros afectados directamente por las sentencias condenatorias en materia de personal expuestas, algunas incluso, recordemos, con condena por desviación de poder».
E instan ç2a la creación de una comisión de estudio sobre la reforma del Tribunal de Cuentas, que permita dotar a la Institución de las capacidades y recursos suficientes para afrontar las funciones que le encomiendan la Constitución y las leyes, y sea conforme, en cualquier caso, a las nuevas exigencias sociales. La revisión y actualización de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas debería ser el primer paso jurídico para potenciar la función de control de los fondos y de la gestión pública que la sociedad está demandando a sus representantes políticos».
DOCUMENTO DE UGT
ANALISIS, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS SOBRE LA NECESIDAD DE UN NUEVO TRIBUNAL DE CUENTAS
