La Junta del Colegio de Abogados de Sabadell (ICASBD) acordó ayer, por unanimidad, solicitar el cese o la dimisión del presidente de la Mutualidad de Abogados, Enrique Sanz Fernández-Lomana y de los responsables -tanto técnicos como directivos- por la pérdida de los 54 millones de euros que esta entidad tenía en acciones del Banco Popular.
«La Junta del ICASBD considera que todos los clientes, inversores y accionistas del Banco Popular, disponían o podían disponer de información suficiente que hiciera prever un más que posible desenlace negativo que afectara a sus depósitos e inversiones en esta entidad financiera. Dicha información motivó que muchos de esos clientes procuraran poner a buen recaudo sus fondos antes de la citada venta, cosa que no han sabido hacer los responsables de la Mutualidad de la Abogacía», dice el Colegio de Sabadell en un comunicado hecho público hoy.
Según el ICASBD, la información relativa a la pérdida de esos fondos «se mantuvo oculta a los socios protectores y a los mutualistas hasta la Asamblea General del pasado 17 de junio, evitando así que pudieran posicionarse o exigir responsabilidades en sede de la misma».
Desde el punto de vista de los representantes de los abogados de Sabadell, la decisión de mantener en cartera los 54 millones de euros a o largo de todo el tiempo que ha durado la crisis del Banco Popular era una decisión «imprudente y arriesgada».
«Resulta evidente, pues, que ha sobrado negligencia o faltado la diligencia debida en la gestión de esta inversión y, en consecuencia, los responsables de dicha gestión, con el Presidente al frente, deben ser cesados o dimitir», afirma el ICASBD, quien dice actuar en defensa de los intereses de los centenares de abogados de la corporación que son mutualistas.
Para el Colegio de Abogados de Sabadell, una pérdida de 54 millones de euros aportados por los mutualistas «no puede ni debe minimizarse ni esconderse tras otros resultados, porcentajes o ratios de solvencia, sin que la reacción de la Mutualidad pueda limitarse a anunciar que se estudia ejercitar acciones contra terceros para intentar recuperar parte del dinero perdido, ya que se trata de un hecho de extrema gravedad».
Sanz Fernández-Lomana, contesta a la Junta del Colegio de Sabadell
El presidente de la Mutualidad de la Abogacía, Enrique Sanz Fernández-Lomana, por su parte, contestó al Colegio de Sabadell en conversación telefónica con Confilegal.
«Me he enterado a través de ustedes de la existencia del acuerdo y del comunicado. La primera reflexión que hago es que si piden mi dimisión y se lo notifican a la prensa, en vez de notificármelo a mí, posiblemente el acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Sabadell pretenda que la opinión pública, y los medios, conozcan que han pedido mi dimisión más que otra cosa. Porque lo normal es dirigirte, como mínimo, de forma simultánea, al que va dirigido el acuerdo y a la prensa», explicó Sanz Fernández-Lomana.
«Respecto al contenido del acuerdo, el Colegio está plenamente legitimado para pedir mi dimisión, pero, en mi opinión, están escasamente informados para suscribir el acuerdo que han adoptado. Por una parte, hay una confusión entre inversores y depositantes y, por otra, nos reprochan que mucha gente retiró los depósitos. Desconocen que teníamos un riesgo del 2 por ciento del ahorro gestionado, que hemos reducido al 0,7 por ciento, que es en lo que hemos terminado cuando el Banco Popular fue intervenido. Repito que a todos los accionistas la decisión tomada nos cogió desprevenidos y si mantuvimos la inversión fue con la esperanza de poder vender con la menor minusvalías posibles», añadió.
Y finalizó: «Esos términos prepotentes en que se manejan, de que todo el mundo conocía, de que cualquier inversor estaba en disposición de tener información, pues me parece cuanto menos muy irrespetuoso con los 300.000 inversores que han quedado atrapados con esta decisión que parece que sólo conocía el ministro Guindos, la presidenta del Santander y la Junta de Gobierno del Colegio de Sabadell. Y si esto ha sido así me parece una deslealtad que no nos lo hayan comunicado a tiempo para haber adoptado decisiones más oportunas».
