El Gobierno ha aprobado la solicitud de extradición a Burkina Faso de Eduardo Pascual Arxe, expresidente de Eurobank del Mediterráneo para ser enjuiciado en nuestro país por diversos delitos relacionados con la descapitalización fraudulenta de dicho banco y de la mutua Fortia Vida.Así lo ha decidido el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Eduardo Pascual Arxe -que llegó a tener cuatro identidades distintas para eludir la acción de la justicia mediante matrimonios, viajes y cambios de pasaporte- fue detenido en Burkina Faso el pasado mes de mayo en virtud de una orden de busca y captura de la Audiencia Nacional de 2015.
Sobre Pascual Arxe pesan dos solicitudes de extradición por hechos diferentes, según informa el Ejecutivo, que explica que la solicitud de extradición a las autoridades de Burkina Faso se basa en el principio de reciprocidad, ya que no existe un tratado específico entre ambos países.
En primer lugar, como presidente de la entidad bancaria Eurobank del Mediterráneo en colaboración con otros directivos, el detenido habría procedido a la descapitalización de dicho banco de manera continuada desde 1995 hasta abril de 2004.
Para ello, se habrían servido de la propiedad o administración de una serie de sociedades para sustraer activos. Igualmente, habrían defraudado a socios y clientes mediante la creación, uso o simulación de documentos, utilizando la comercialización de productos financieros que sirvieron para el desvío de ciertos activos.
Esta primera petición de extradición se basa en delitos societarios continuados, así como asociación ilícita y estafa en grado de tentativa en relación concursal medial con falsedad documental e insolvencia punible, prosigue el Ejecutivo.
Respecto de la segunda petición de extradición, se justifica en que el reclamado en connivencia con otras personas, habría procedido a la descapitalización de la mutua Fortia Vida entre los años 2011 y 2013, creando un entramado societario para ocultar y dar opacidad a operaciones de dudosa legalidad.
La descapitalización se realizaba mediante el desvío de los fondos a terceros, con lo que se originaba un perjuicio a mutualistas, trabajadores y a la propia Hacienda Pública.
Estos hechos -recuerda la misma fuente- podrían ser constitutivos de delitos de asociación ilícita, estafa o apropiación indebida, insolvencia punible, delitos societario y de falsedad continuados, blanqueo, contra la Hacienda Pública y Seguridad Social y contra el derecho de los trabajadores y extranjeros, así como contra la administración.
