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Comparecencia de Rajoy: Entre todos la mataron y ella sola se murió
Esta será la visión que va a tener del tribunal el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando acuda a declarar como testigo. Carlos Berbell/Confilegal.
12/7/2017 05:00
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Actualizado: 12/7/2017 18:09
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La comparecencia de Mariano Rajoy ante el tribunal del caso Gürtel, prevista para el próximo 26 de julio, preocupa en Génova, y mucho.
Sobre todo la imagen del presidente del Gobierno sentado -se presupone que se le invitará a tomar asiento, aunque lo preceptivo es que lo haga de pie-, ante los tres jueces, Julio de Diego, José Ricardo de Prada y Ángel Hurtado.
Una imagen «estigmatizadora», dicen algunos. Porque será la primera vez que un presidente del Gobierno de la democracia en ejercicio declare de esa manera ante la justicia a guisa de testigo.
Pero a nadie se le escapa que Rajoy es el presidente del partido que figura en esa causa, como responsable civil subsidiario, y que algunos de los acusados fueron responsables, en el pasado, de las finanzas del PP.
¿Por qué tiene que ir Rajoy a declarar en persona?
¿Por qué no ha podido hacerlo mediante videoconferencia, un recurso ampliamente extendido en la Justicia española?
¿Por qué el tribunal no ha tenido la deferencia de evitarle el desplazamiento hasta San Fernando de Henares, población al este de Madrid, siendo como es, la segunda autoridad del Estado?
Muy pocos, en la Audiencia Nacional, dudan que no sea, en parte, la consecuencia directa de las malas relaciones que mantienen el magistrado Julio de Diego, otrora «conservador», y la nueva presidenta de la Sala de lo Penal de ese organismo, Concepción Espejel.
Los dos se entendían antes. Mucho. En el plano profesional.
Espejel era la presidenta de la Sección Segunda, en la que estaba destinado De Diego, junto con el presidente del tribunal del caso Gürtel, Ángel Hurtado y el tercer magistrado del mismo, el «progresista» José Ricardo de Prada y Enrique López.
De Diego votaba siempre en clave «conservadora», pero las circunstancias los han alejado.
Circunstancias que, por una parte, tuvieron su origen en el alineamiento de De Diego con aquellos de la Sala de lo Penal que votaron a favor de la recusación contra Espejel y López, por su proximidad al PP, y por otra, por el carácter exigente y duro de la magistrada.
«Espejel no es diplomática. Tiene un carácter fuerte. Le gusta imponerse y no le gusta perder», explican fuentes de la Sala.
Una impresión que confirman otras fuentes consultadas.
«Concha es perfeccionista, trabajadora y muy exigente. Si ve que algo se ha hecho mal, te lo dice a la cara, frente tus propios compañeros. No te llama aparte y te lee la cartilla en privado. Te lo dice ahí mismo. Sin pensarlo. Cuando era presidenta de la Sección Segunda le echó varias broncas a De Diego».
Este factor, el humano, ha jugado un papel de gran peso en el alejamiento de De Diego «de los suyos» y de su acercamiento «a los otros». En especial a José Ricardo de Prada, que lo escucha y lo entiende.
Sin «cariño»
De Prada ha sabido dar a De Diego «el cariño» que los que se suponía que eran «los suyos» no han sabido darle. Su amistad.
Por ello, su voluntad se sintió en sintonía con los que hasta hace unos meses eran «el otro lado». Con los que estaban ideológicamente en sus antípodas.
El nombramiento de Concepción Espejel, como presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el pasado 25 de mayo, llevado a cabo por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial –con el apoyo expreso de su presidente, Carlos Lesmes-, no hizo más que añadir más leña al fuego.
Sin embargo, este, el de Concepción Espejel, no ha sido el único “factor humano” que ha incidido en la postura de De Diego.
Otras circunstancias, de igual importancia han tenido también su peso y han contribuido a su alejamiento.
En los pasillos de la “milla judicial” que comprenden el CGPJ, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, se comenta que quizá ha faltado la labor callada y discreta de presidentes anteriores del Consejo, como Pascual Sala, Javier Delgado Barrio, Francisco Hernando o, incluso, Carlos Dívar, llevaron a cabo ante situaciones como estas.
Ha faltado el contacto personal de la máxima autoridad de la justicia. Sí, esto se ha venido haciendo desde el principio de nuestra democracia con la mayor de las discreciones.
Y lo han hecho presidentes de un lado y del otro. No hay por qué rasgarse las vestiduras. Va en el sueldo.
¿Que podían haberlo hecho también el presidente saliente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, o el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro?
Es posible.
Pero se ha echado de menos, de un modo especial, la mano del presidente del Consejo.
A todo esto se une también que la relación personal de De Diego con el presidente del tribunal, Ángel Hurtado -quien se opuso a que declarara Rajoy en persona-, tampoco es buena.
Y al hecho de que Espejel sucediera, merced al apoyo personal de Lesmes, a Grande-Marlaska al frente de una Sala virtualmente dividida en dos hacia su persona.
Por eso, a muy pocos, en la Audiencia Nacional, extrañó que sólo 5 días más tarde, el 30 de mayo, De Diego y De Prada votaran a favor de rechazar la petición del PP y del propio Rajoy de declarar por videoconferencia.
Un ciudadano más
En su auto, el tribunal le recordaba a Rajoy que no iba a comparecer “como presidente del Gobierno, sino como ciudadano español (artículo 14 de la Constitución), en calidad de testigo por hechos que se están juzgando en este tribunal en razón a los cargos que tenía en el PP”. Con el fin de asegurar «la inmediación y la contradicción».
El presidente Hurtado hizo público su voto particular
En el mismo, señalaba que “si, por acudir a la videoconferencia, se viera afectada la inmediación, no entiendo que en ocasiones anteriores se hayan celebrado juicios mediante el mismo sistema, sin formular queja o poner objeción por tal circunstancia, porque, si ahora no fuera respetuoso con tal principio, es tanto como admitir que no se fue antes, y, sin embargo, se ha venido consintiendo con regularidad”.
En otro tiempo esto no habría ocurrido.
Se habría visto como lógico que el presidente del Gobierno declarara por videoconferencia, como los miles de ciudadanos que lo hacen cada día en España. Para evitarle la estigmatización. La vinculación subliminal a un delito del que no ha sido acusado y por el que no está siendo juzgado.
Pero esto son otros tiempos y el frente político está en todas partes.
En consecuencia, lo evitable se ha convertido en inevitable, repitiéndose, otra vez, el viejo dicho: “Entre todos la mataron y ella sola se murió”.
Porque eso es, precisamente, lo que ha sucedido.
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