Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que duplique el importe de la fianza fijada al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de cara al juicio por la presunta filtración contra el empresario, para que pase de los 150.000 euros acordados a 300.000 euros, al considerar que los daños morales sufridos como consecuencia del «relato político» no han cesado ni un día.
«Los daños morales padecidos por Alberto González Amador y su entorno familiar directo como consecuencia de los hechos delictivos protagonizados por Álvaro García Ortiz se actualizan diariamente y no pueden ser valorados en un importe inferior a 300.000 euros», dice la acusación particular que ejerce el empresario.
La pareja de Díaz Ayuso alega que «no ha existido día desde el 14 de marzo de 2024», cuando la Fiscalía emitió un comunicado dando detallada cuenta de los ‘emails’ entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigaba por delitos fiscales, «en que algún personaje político o periodístico, con el ministro de Justicia a la cabeza, no denomine a través de los medios de comunicación a Alberto González Amador ‘delincuente confeso’ o ‘defraudador confeso'».
Los derechos fundamentales de González Amador
«Lo anterior es la consecuencia directa de los hechos delictivos protagonizados por Álvaro García Ortiz y de su voluntad de generar un relato político transformando en delictiva la función constitucional del fiscal general del Estado a costa de los derechos fundamentales y legales de Alberto González Amador», sostiene el recurso presentado ante el magistrado instructor, Ángel Hurtado, contra esta medida concreta.
El abogado de González Amador sostiene que «jamás ha existido en nuestro sistema jurídico y constitucional una vulneración de los derechos fundamentales de un ciudadano tan intensa, lesiva y significativa derivada del comportamiento del entonces fiscal general del Estado».
«Siendo la lesión continuada y actualizada diariamente con la intensidad propia del relato político que persigue desde su origen, la indemnización de los continuos perjuicios morales no debe valorarse en un importe inferior a 300.000 euros, por lo que se solicita la reforma del auto recurrido en la cuantía fijada en concepto de fianza», reclama.
