Sobre estas líneas, cuatro componentes de la Comisión de presidentes de Audiencias Provinciales; de izquierda a derecha, Antonio Recio, Barcelona; Joaquín Astor Landete, Tenerife; Francisco Sánchez Zamorano, Córdoba; y Eduardo de Porres, Madrid. Carlos Berbell/Confilegal.
Los presidentes de Audiencias Provinciales apremian al CGPJ y al Ministerio a implantar un sistema de gestión procesal único
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12/7/2017 04:57
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Actualizado: 11/7/2017 19:39
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7 de los 8 miembros que conforman la Comisión de los presidentes de Audiencias Provinciales se reunieron ayer con el «alto mando» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y con el del Ministerio de Justicia, Rafael Catalá -en encuentros separados-, para presentarles las conclusiones a las que llegaron en las XVII Jornadas Anuales de Presidentes de Audiencias Provinciales, celebradas entre el 14 y el 16 pasados en León, y en las que expresaron su preocupación, de forma especial sobre el mal funcionamiento del expediente judicial electrónico que, afecta, precisamente a sus órganos judiciales.
Eduardo de Porres Ortíz de Urbina, presidente de la Audiencia Provincial de Madrid; Antonio Recio Córdova, de Barcelona; Francisco Sánchez Zamorano, de Córdoba; Joaquín Astar Landete, de Tenerife; María Félix Tena Aragón; y María Mercedes Guerrero Romeo (faltó Fernando de Rosa, presidente de la Audiencia Provincial de Valencia), explicaron a Lesmes, primero, y a Catalá después que debe de haber una única aplicación de gestión procesal en todo el territorio nacional, y no 9 como ahora, y un único modelo de expediente judicial electrónico.
Estas son las 2 condiciones básicas para que la Administración de Justicia funcione de un modo razonable, explicaron.
El ministro explicó a esta Comisión de presidentes -elegida por sus compañeros en las Jornadas de León-, que dentro del apartado de inversiones previstas, el mayor incremento estaba destinado, precisamente, a la transformación digital de la Justicia, con 128,8 millones de euros, lo que supone un aumento del 99 por ciento con respecto al año anterior.
Para la implantación del sistema único de gestión procesal disponen de un presupuesto específico de 27 millones de euros.
Con ello dejarían de existir los sistemas actuales: Minerva, Atlante, Cicerone, Adriano, Justicia Bat, Libra, Avantus, Vereda y Themis II. De la misma forma, tendría que confluir el que se está desarrollando en la Fiscalía, que parte del Fortuny, y que no se habla con ninguno de los citados.
En el texto de conclusiones que entregaron a Lesmes y a Catalá venían especificadas las condiciones mínimas que entienden, deberían cumplirse y que son:
1.- La aplicación informática debe tener un índice electrónico, tal y como dispone la ley 18/2011.
2.- La aplicación debe tener un visor de documentos, un buscador potente e hipervínculos.
3.- Los magistrados debern disponer de doble pantalla o herramienta similar así como un ordenador portátil para el trabajo fuera de la sede judicial.
4.- Los magistrados deben disponer de acceso remoto a la aplicación informáticsa fuera de la sede judicial.
De la misma manera, los presidentes de Audiencias provinciales advierten de que hasta que no se den las condiciones anteriores, los expedientes deberían seguir siendo enviados en formato papel.
Las disfunciones que se están produciendo, por no cumplir esas condiciones, están afectando al trabajo diario de los magistrados, frenando el ritmo de trabajo y la capacidad de resolución.
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