Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y actual presidente de la Comisión de Ética Judicial, Eduardo de Porres Ortiz de Urbina es una de las voces más autorizadas para reflexionar sobre los límites, responsabilidades y desafíos éticos de la judicatura española.
La actuación de esta Comisión de Ética Judicial se desarrolla con plena autonomía respecto de los órganos de gobierno del Poder Judicial, sin perjuicio de que corresponda al Consejo General del Poder Judicial garantizar que disponga de los recursos y medios necesarios para el adecuado cumplimiento de sus fines.
Con una trayectoria marcada por el rigor profesional y la defensa de la independencia judicial, De Porres analiza en esta entrevista cuestiones tan sensibles como la imparcialidad, el uso de las redes sociales por parte de los jueces, las críticas políticas, la apariencia de neutralidad o el impacto futuro de la inteligencia artificial en la función jurisdiccional.
Siempre desde una premisa clara: la ética judicial no sanciona, orienta y pretende reforzar la confianza de los ciudadanos en la Justicia
La primera pregunta es obligada, y personal: ¿Por qué decidió usted hacerse juez?
Tengo que confesar que no fue mi primera idea. Al principio pensé en estudiar Filosofía, pero finalmente opté por Derecho porque me ofrecía más salidas profesionales. La abogacía me atraía mucho.
De hecho, cuando terminé la carrera empecé a trabajar como abogado al mismo tiempo que preparaba las oposiciones. Fue muy duro. Pero tenía la firme convicción de que la judicatura reunía muchas de las cosas que buscaba.
Echando la vista atrás, tengo que decir que no me equivoqué.
¿Qué es lo que encuentra en esta profesión que no vio en los años en los que ejerció de abogado?
Es la más determinante. Los jueces no asesoramos ni defendemos, decidimos. Y esas decisiones tienen un impacto real en la vida de las personas. Es una responsabilidad enorme, lo confieso, pero también es una profesión muy atractiva.
Lleva cerca de ocho años en el Tribunal Supremo. ¿Cómo se vive esa responsabilidad desde dentro, desde lo que sus compañeros llaman la cúspide de la justicia, en este caso de la jurisdicción penal?
Con mucha dedicación y con la conciencia de la responsabilidad que el cargo conlleva.
La carga de trabajo es enorme. Es algo desgraciadamente común en todos los órganos judiciales y tenemos que buscar soluciones para evitar esta situación. Deberíamos dedicar muchos esfuerzos a esta tarea.
¿Por qué decidió entrar en la Comisión de Ética Judicial, que ahora preside? ¿Qué le llevó a implicarse en ella?
La curiosidad, básicamente. La ética judicial es un ámbito relativamente nuevo dentro de la carrera y me pareció muy interesante reflexionar sobre aquellos comportamientos que no están regulados por la ley, pero que influyen directamente en la confianza de los ciudadanos en la Justicia.
Es una Comisión elegida por los propios jueces. Por los 5.500 que conforman la carrera judicial, por voto secreto y directo…
Los dictámenes e informes que elaboramos son, en cierta forma, una reflexión de la propia carrera judicial sobre cómo mejorar el ejercicio profesional. Por eso, considero importante que los miembros de la Comisión de Ética Judicial seamos elegidos por los propios jueces, por voto directo y secreto, como bien ha indicado usted.
Esto le aporta mayor solidez y legitimidad, y además ayuda a que la carrera judicial no perciba la existencia de interferencias externas o injerencias indebidas. En este sentido, se trata de un ejercicio de autorreflexión interna que me parece positivo y beneficioso.
Somos seis jueces y una catedrática de Filosofía del Derecho. A este séptimo miembro lo hemos elegido de entre estos profesionales que han escrito o trabajado sobre los temas que tratamos porque la ética judicial forma parte del área de filosofía del derecho.
Su aportación está siendo muy valiosa.
Se pronuncian sobre asuntos sobre si la asistencia de un juez a un mitin provoca desconfianza en la justicia y en el funcionamiento de los tribunales.
Uno de los asuntos que con más frecuencia llegan a la Comisión, a través de consultas planteadas por los jueces, tiene que ver con su participación en actividades relacionadas con derechos constitucionales.
Entre estos derechos se encuentran, por ejemplo, el derecho de manifestación, el derecho de reunión o la libertad de expresión, que son derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, aunque pueden tener ciertos límites.
En principio, los jueces, como cualquier ciudadano, pueden ejercer estos derechos. Sin embargo, también ocupan una posición institucional especial, que les exige cuidar su imagen de independencia y de imparcialidad, es decir, la apariencia de que actúan sin influencias externas y sin favorecer a nadie.
Por este motivo, la Comisión de Ética Judicial suele recomendar que los jueces eviten participar en actos que puedan poner en duda esa independencia o imparcialidad.
«La independencia no es un derecho del juez sino de los ciudadanos. Tienen derecho a confiar en que los jueces actuarán con arreglo a derecho y al margen de cualquier presión».
Otro aspecto importante que han abordado es como los jueces deben actuar cuando les hacen algún regalo…
Como norma general, los jueces no deben aceptar regalos. Esta es una regla básica de la vida profesional. Sin embargo, el juez no vive aislado de la sociedad y puede ocurrir que, en alguna ocasión, reciba algún tipo de atención (invitación, condecoración, etc.)
En esos casos, debe actuar con mucha cautela, teniendo en cuenta el contexto y el contenido de la atención. En todo caso, el principio fundamental es que no deben aceptarse regalos que estén relacionados con el ejercicio de la función jurisdiccional.
Si un abogado solicita ver a un juez para hablar sobre un caso que lleva, ¿es aconsejable que esté la otra parte?
Por supuesto, en esta materia tampoco existe una regla totalmente rígida. Todo depende del motivo por el que el abogado solicita reunirse con el juez.
Si la intención del abogado fuera influir en la decisión del juez, esa reunión no debería producirse bajo ningún concepto y, en todo caso, cualquier encuentro debería contar siempre con la presencia de la parte contraria.
Ahora bien, en algunas ocasiones el abogado no busca influir en el fondo del asunto, sino plantear un problema relacionado con la gestión o la tramitación del caso. En esas situaciones, el contacto no resulta necesariamente inapropiado.
Aun así, la norma general es que las reuniones entre jueces y abogados deben producirse dentro de los actos procesales, es decir, en el marco formal del proceso y con la presencia de todas las partes implicadas.
¿Cómo afronta un juez la tentación de buscar información en Internet sobre un caso?
No debería hacerlo. Lo que no está en los autos no debe influir en la decisión. Es una cuestión básica para preservar la imparcialidad.
Los jueces que desempeñan cargos políticos deben actuar con especial cuidado para preservar la confianza de la sociedad en la justicia. ¿Esto significa que su conducta, tanto en el ámbito político como en el judicial, debe evitar cualquier duda sobre la independencia y la credibilidad del sistema judicial?
Exactamente. Uno de los criterios de ética judicial relacionados con la independencia es que los deberes éticos del juez hacia la carrera judicial no deben entenderse como una defensa corporativa, sino como una forma de proteger la institución judicial en su conjunto.
La independencia no es un derecho del juez sino de los ciudadanos. Tienen derecho a confiar en que los jueces actuarán con arreglo a derecho y al margen de cualquier presión.
Estos deberes no desaparecen, aunque el juez deje temporalmente la carrera, se encuentre a la espera de destino, esté en excedencia voluntaria o incluso desempeñe otras funciones públicas. Así lo proclaman los Principios de Ética Judicial.
No basta con ser un juez imparcial; el ciudadano tiene que percibirlo así. Esa percepción refuerza la confianza en la Justicia.
Las redes sociales parecen un terreno especialmente delicado.
En general, el mundo de Internet, y en particular el de los foros y las distintas aplicaciones digitales, es muy complejo. Por un lado, ha cambiado la forma en que se entiende la privacidad y la intimidad, y muchas personas hacen hoy cosas que antes no eran habituales.
En este contexto, a veces se aprecia claramente una brecha generacional: no es la misma percepción la que puede tener alguien al final de su carrera profesional que la de un juez joven que acaba de incorporarse y que está más habituado al uso de redes sociales.
Relacionado con Internet, pero, en general, con la libertad de expresión, de manifestación o de asociación, la Comisión de Ética Judicial se ha pronunciado en distintos e importantes dictámenes.
Por poner un ejemplo, en relación con la posibilidad de opinar sobre asuntos en trámite, propios o de otros compañeros, la Comisión ha aportado elementos de reflexión recomendando evitar que otro juez se pronuncie sobre cómo debería resolverse el asunto, no por protección corporativa sino porque ese tipo de opiniones no responde a la forma en que los jueces resolvemos los casos.
Dictamos autos y sentencias después de analizar los hechos y el derecho y una vez conocido el asunto en profundidad.
Desde este punto de vista, el juez no aporta un valor social añadido al debate público opinando sobre casos concretos que sólo conoce tangencialmente.
«Hemos dicho que la participación directa en debates políticos no es aconsejable, ya que puede afectar a la imagen de imparcialidad del juez».
Sin embargo, el juez también puede desempeñar una función pedagógica. De hecho, algunos lo están haciendo….
Claro que sí. El juez también puede desempeñar una función pedagógica. Puede explicar a los ciudadanos, en distintos foros, cómo funciona un procedimiento judicial, cuáles son sus fases o qué requisitos existen. Esto está claramente admitido.
Además, los Principios de Ética Judicial reconocen que los jueces pueden opinar sobre cuestiones relacionadas con el Poder Judicial o sobre reformas legales que lo afecten, con la finalidad de aportar reflexiones positivas en el debate público que suele preceder a la aprobación de leyes referidas al Poder Judicial o a las leyes sustantivas o procesales.
En cambio, también hemos dicho que la participación directa en debates políticos no es aconsejable, ya que puede afectar a la imagen de imparcialidad del juez.
Ahora bien, son muchos los factores que el juez debe valorar y, en última instancia, es cada juez quien debe decidir cómo actuar en cada situación, con responsabilidad y de acuerdo con su conciencia.
La Comisión de Ética Judicial, como mucho, ofrece orientaciones, elementos de reflexión y recomendaciones. Sus dictámenes no son obligatorios ni vinculantes; no imponen conductas, sino que sirven de apoyo para que cada juez tome su propia decisión.
¿Les ha llegado alguna consulta relacionada con la Inteligencia Artificial y su uso?
Todavía no, pero es cierto que existe un gran interés en esta cuestión. Hay numerosos estudios y planteamientos en marcha, y se está empezando a analizar qué problemas éticos podría generar en el futuro el uso de la inteligencia artificial.
Por el momento, la mayoría de los profesionales no utiliza estas herramientas para dictar resoluciones, y en el ámbito de la abogacía su uso también es limitado. En el ámbito judicial, no obstante, ya existen algunos programas que están empezando a funcionar.
Hay que tener en cuenta, además, que el desarrollo de la inteligencia artificial es muy rápido y avanza de forma exponencial, es decir, cada vez a mayor velocidad. Por eso, es previsible que los retos éticos relacionados con su aplicación en la función jurisdiccional —la tarea de juzgar y aplicar el derecho— aparezcan en un futuro muy cercano.
En este momento nos encontramos en una fase de reflexión, dedicada a analizar qué usos son posibles, cómo deberían llevarse a cabo y qué dilemas éticos pueden surgir.
Usted fue presidente de la Audiencia Provincial de Madrid durante cinco años. ¿Le consultaban mucho sobre dilemas éticos sus compañeros entonces?
No tanto como cabría pensar. La ética judicial todavía no es tan conocida. Precisamente una de nuestras tareas es darla a conocer y normalizar la reflexión ética dentro de la carrera.
Lleva cerca de ocho años en el Tribunal Supremo. ¿Qué ha aprendido en este tiempo?
Aunque se suele decir que al Tribunal Supremo hay que llegar “sabido”, la verdad es que no dejas de aprender ni un solo día.
El nivel de mis compañeros de Sala es altísimo y me sigue sorprendiendo la diversidad de enfoques e interrogantes que plantea cada caso. El derecho es inagotable.
«De la misma forma que los jueces deben respetar la separación de poderes y observar una regla de contención en el ejercicio de sus derechos para no violentar su necesaria imparcialidad también quienes ejercen funciones políticas deberían ajustar su actuación a reglas no escritas pero esenciales para el funcionamiento del sistema democrático, como el respeto a la división de poderes y a la independencia judicial».
¿Cómo ve la propuesta de reforma de la Comisión de Ética Judicial planteada por el Gobierno?
No voy a entrar en las razones últimas de esta iniciativa legislativa. Desde mi punto de vista, no creo que sea necesaria. El sistema actual funciona bien y goza de confianza dentro de la carrera. Introducir designaciones parlamentarias puede generar una percepción de politización que no sería positiva.
¿Cuál es su opinión sobre las críticas y ataques recibidos por el poder judicial desde el poder legislativo y el ejecutivo en recientes casos que todos conocemos?
Ha sido lamentable. Decir que compañeros concretos o buena parte de la carrera judicial actúa con criterios políticos o al margen del derecho no es presentable.
La ética profesional no sólo debe ser una guía de actuación para jueces, fiscales y abogados, también para los políticos.
De la misma forma que los jueces deben respetar la separación de poderes y observar una regla de contención en el ejercicio de sus derechos para no violentar su necesaria imparcialidad también quienes ejercen funciones políticas deberían ajustar su actuación a reglas no escritas pero esenciales para el funcionamiento del sistema democrático, como el respeto a la división de poderes y a la independencia judicial.
El respeto institucional debe ser de ida y vuelta. Si algún juez actúa irregularmente el propio sistema judicial tiene mecanismos suficientes para corregirle pero no creo que la libertad de crítica deba utilizarse como pretexto para deslegitimar al Poder Judicial o para tratar de condicionar su actuación.
La ética judicial es un fenómeno exclusivamente español?
En absoluto. Es un movimiento internacional impulsado por organismos como la ONU, por el Comité Consultivo de Jueces Europeos o por las Cortes de Justicia de Iberoamérica y, además, no se limita al ámbito judicial.
También los Fiscales y los Abogados o los Médicos tienen sus comités de ética o bioética. La búsqueda de la excelencia profesional es un objetivo general de casi todas las profesiones.
¿Cuáles son los principales retos éticos a los que se enfrenta actualmente la judicatura española desde la perspectiva de la Comisión de Ética Judicial?
La independencia judicial es un principio clave de la ética judicial y debe entenderse, ante todo, como un derecho de los ciudadanos a que los jueces decidan sin presiones y conforme a la ley.
Esta independencia se concibe de forma activa, ya que los jueces también deben contribuir a garantizarla defendiendo condiciones adecuadas para el buen funcionamiento de la justicia.
Junto a ella, la imparcialidad resulta igualmente esencial y se refleja tanto en la posible abstención o recusación en determinados casos como en el comportamiento cotidiano del juez.
Ambos principios están estrechamente vinculados y exigen autocontrol en el ejercicio de derechos personales, para preservar la confianza pública en la justicia. Todo ello se relaciona con la calidad del servicio judicial, el trato correcto a los ciudadanos y la transparencia.
Sobre ese conjunto de principios hay que seguir trabajando.
A seis meses de su periodo en la Comisión de Ética Judicial, como presidente ¿cuál es su balance personal?
Estos tres años y medio han sido muy gratificantes.
La Comisión trabaja de una forma deliberativa y horizontal. Todos los miembros aportan sus criterios y sus opiniones y creo que el resultado de las deliberaciones ha sido muy positivo.
Existe ya un cuerpo de dictámenes muy sólido que contiene elementos de reflexión para muchos dilemas éticos que suelen plantearse a los jueces.
Están publicados en la web del CGJP y animo a todos los compañeros a consultarlos y, por supuesto, a seguir haciendo consultas. En el camino de mejorar el ejercicio profesional esas consultas son esenciales.
