El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha ratificado a los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo en su cometido en la investigación a Convergencia Democrática de Cataluña (ahora PDeCat), sobre el supuesto cobro de comisiones de un 3 por ciento a cambio de la concesión de obra pública.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, Luzón ha dejado sin efecto el Decreto del pasado 10 de abril por el que su antecesor, Manuel Moix, sustituyó a estos fiscales tanto sobre el caso que instruye el Juzgado de Instrucción nº 1 de El Vendrell como todas las piezas separadas y diligencias previas dimanantes de dicho procedimiento.
Así se lo ha comunicado al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que ha mostrado su conformidad.
El Decreto suscrito por Luzón recuerda las circunstancias que en su día motivaron la decisión de sustitución, destacadamente la mayor facilidad para la asistencia de los fiscales residentes en la población en que se encuentra la sede del órgano judicial a las frecuentes diligencias de instrucción señaladas, la mejor distribución de la carga de trabajo entre los distintos Fiscales y la asunción por los Fiscales Delegados de un mayor protagonismo en los asuntos tramitados en Juzgados territoriales de su competencia.
El nuevo fiscal jefe anticorrupción considera que hay otras consideraciones de mayor peso, como la antigüedad del procedimiento, el tiempo y esfuerzo ya dedicado a la preparación y estudio por los fiscales encargados, que han continuado a cargo del procedimiento durante los meses transcurridos desde que en abril se adoptó la decisión de sustitución y la dificultad de los nuevos fiscales para afrontar tan complejos procedimientos en curso partiendo de cero.
Moix había decidido sustituir a Bermejo y Grinda -ubicados en Madrid- por los fiscales anticorrupción de la Fiscalía de Barcelona Fernando Maldonado y Teresa Duerto por la mayor facilidad para ellos, al estar en Barcelona, para asistir a las frecuentes diligencias de instrucción señaladas, la mejor distribución de la carga de trabajo entre los distintos fiscales y la asunción por los fiscales delegados de un mayor protagonismo en los asuntos tramitados en juzgados territoriales de su competencia, informa la Fiscalía General.
En el marco de esta causa, la Fiscalía Anticorrupción considera acreditado que el exconseller de Justicia y exsecretario de Govern, Germà Gordó, que está siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCAT) por su condición de aforado como diputado del Parlament, era «el conseguidor o el recaudador» de presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obras públicas.
La Fiscalía sostiene que «no existe explicación legal y coherente que justifique la cantidad de gestiones, comidas, interlocuciones y reuniones» que Gordó ha mantenido con empresarios, algunas de ellas en la sede de la antigua CDC e incluso en el Palau de la Generalitat.
El resto de la causa la instruye el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona) por supuestos cobros de comisiones de CDC a cambio de concesiones de obras públicas desde instituciones que controlaban y en él están siendo investigados los extesoreros convergentes Daniel Osàcar -también encausado en el caso Palau- y Andreu Viloca, además de varios empresarios. EP/CONFILEGAL.
