Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, abandonó este jueves por la noche la cárcel de Soto del Real (Madrid) donde ha permanecido 97 días desde que el 21 de abril se acordó su ingreso en prisión por su implicación con la trama Lezo sobre el desvío de fondos del Canal de Isabel II.
González ha sido recibido a las puertas del centro penitenciario por su abogado. Visiblemente desmejorado, el hermano del presunto cabecilla de Lezo ha abandonado el recinto sin hacer declaraciones a los periodistas que aguardaban a su salida.
A primera hora de la tarde desde el entorno del abogado se ha abonado en la Audiencia Nacional los 200.000 euros de fianza impuestos por el nuevo instructor del caso, el magistrado Manuel García Castellón.
El magistrado considera que su papel en la trama Lezo es «especialmente relevante» y, además de la fianza, decreta además como medidas cautelares, en caso de pagar la fianza y quedar en libertad, comparecencias quincenales en el juzgado y la retirada del pasaporte.
En su momento, su antecesor en el cargo, Eloy Velasco, le impuso una fianza de 4 millones de euros.
MOTIVOS DE SALUD
El juez deja en libertad al hermano del presunto cabecilla de Lezo de acuerdo con el criterio de Anticorrupción teniendo en cuenta los problemas de salud del acusado, que ha acreditado con la entrega de partes médicos, y también debido a que la investigación relativa a la pieza Mercasa, que hasta ahora formaba parte de Lezo, queda en manos del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata.
NIEGA SU IMPLICACIÓN EN LA TRAMA
Al inhibirse de este caso, el magistrado entiende que pierden peso los motivos para que González continúe en prisión, en la que ingresó el en abril por orden del entonces juez del caso, Eloy Velasco, debido a su relación con la red que se investiga el presunto saqueo de la empresa madrileña de aguas.
Los investigadores vinculan a Pablo González, exdirectivo de Mercasa, con una contratación presuntamente irregular de esta sociedad con la administración pública angoleña por más de 500 millones de euros. El acusado, que prestó declaración la pasada semana ante el magistrado De la Mata, negó su implicación en los hechos y dijo que estos se produjeron antes de que se le encargara la gestión de la sociedad.
Manuel García Castellón entiende además que disminuye el riesgo de destrucción de pruebas debido al avance de la investigación en las piezas de Lezo relativas al blanqueo de capitales y a Tecnoconcret, sociedad de la que es administrador y que consiguió ser la adjudicataria de un proyecto de construcción de dos campos de golf en Chamberí pese a no ser la que más puntos tenía. (EP)
