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España está a la cola en la protección a los denunciantes de corrupción o «whistleblowers»

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España se sitúa a la cola de los países de la Unión Europea en materia de protección legal y social de los denuncias de corrupción o «whistleblowers«, según un estudio coordinado por FIBGAR que analiza la situación legal, judicial, social y política y la percepción social del papel de estos ciudadanos.

El trabajo a nivel europeo se plasma en un mapa interactivo, el “Informe País”, que analiza la legislación de los 28 países miembros para proteger a los ciudadanos que denuncian abusos de poder y políticas lesivas para todos y que muchas veces se ven recompensados con amenazas, despido, desprestigio social y laboral y abandono de las autoridades que más deberían protegerlos.

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En base a este estudio, mientras los mejores índices de protección a todos los niveles los presentan los Países Bajos, Irlanda o el Reino Unido, son Finlandia y Dinamarca los países que tienen las deficiencias más graves.

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España ocupa uno de los últimos lugares de la lista, sin ni siquiera una ley que garantice la seguridad de aquellos ciudadanos que velan por nuestro bienestar.

Sin embargo, en comparación con otros países europeos, la sociedad civil es muy activa protegiendo y apoyando a los alertadores españoles, como algunos de los más conocidos: Ana Garrido Ramos, Luis Gonzalo Segura, Azahara Peralta y Roberto Macías.

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FIBGAR coordina desde marzo 2016 el proyecto “A Change of Direction”, de la Comisión Europea, nacido de la necesidad de construir entre los estados miembros un marco de protección que garantice la seguridad de los alertadores.

Ha costado más de un año producir este informe pormenorizado país por país, ya que hasta ahora no existía una compilación de este tipo.

La Fundación Internacional Baltasar Garzón ha gestionado y coordinado el proyecto y tras más de un año de intenso trabajo de investigación, incidencia política y comunicación, se ha generado un documento sin precedentes: el “Informe País”, con un mapa interactivo y un documento explicativo de cada país que facilita el manejo de datos y su comprensión y que se puede consultar en el siguiente enlace:

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https://www.changeofdirection.eu/country-facts

El análisis por país es una investigación cualitativa sobre la  situación de los alertadores en los 28 estados miembros de la Unión Europea.

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No sólo se analiza la existencia de legislación dedicada a su protección, sino también se tiene en cuenta la legislación laboral y penal, así como otras herramientas legales que pueden dar soporte a los alertadores, desincentivar las denuncias o poner a los «whistleblowers» en riesgo. Este trabajo exhaustivo tiene también en cuenta el contexto socio-político en cada país.

El mapa ilustra por países la existencia de protección completa o parcial a través de una ley, autoridad competente para otorgar dicha protección, definición legal, iniciativas políticas en trámite, término adaptado al idioma nacional, – ya que resulta difícil hallar un concepto equivalente a «whistleblower» en otros idiomas y que no sea despectivo, – estudio de casos emblemáticos y percepción positiva del papel de estos ciudadanos.

“A Change of Direction” es un grupo internacional de organizaciones no gubernamentales que impulsa la creación de un marco de protección que garantice la integridad general de los alertadores, tanto en la Unión Europea como sus estados miembros.

Este proyecto parte del reconocimiento de su papel en la lucha contra la corrupción y, por lo tanto, en el fortalecimiento de la democracia a través de la transparencia.

El grupo busca dar un tratamiento integral a la problemática a través del análisis de los instrumentos jurídico-institucionales, los procesos de revelación de ilícitos y los distintos contextos sociales de la Unión Europea.

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El “Informe País”, que se ha realizado siguiendo los Principios sobre Protección de Alertadores de la organización especializada en libertad de expresión a nivel global “Blueprint For Free Speech”, marca un antes y un después en materia de protección de alertadores.

Otras organizaciones colaboradoras son la Unión Europea, Università di Pavia, Aix-Marseille Université, “Latte Creative” y “Libera”.