La proposición de ley de transitoriedad jurídica de la República prevé «amnistiar» a los futuros condenados o investigados por el proceso soberanista, además de que el presidente de la Generalitat sea el jefe de Estado, y permitiría a los ciudadanos mantener la doble nacionalidad española.
Junts pel Sí y la CUP han acordado que la ley de transitoriedad jurídica se apruebe antes del referéndum del 1-O, salvando así las diferencias que había sobre cuándo debía votarse en el pleno del Parlament la norma que diseña una transición de Catalunya del ordenamiento jurídico actual a uno catalán, y la norma entraría en vigor si gana el ‘sí’ a la independencia, mientras que quedaría suspendida si gana el ‘no’.
En la norma, la principal de las llamadas «leyes de desconexión», prevé una amnistia para los procesados o sentenciados por causas que tengan que ver con el independentismo. Concretamente, el título V sobre «Poder Judicial y Administración de la Justicia» afirma: «Los jueces y tribunales sobreseen o anulan los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que buscasen un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de manera democrática y no violenta».
El «jefe de Estado» será el presidente de la Generalitat
Por otro lado, la ley señala que el Ejército debería abandonar Cataluña, que se constituiría en «una República de Derecho, democrática y social», cuya «soberanía nacional radica en el pueblo de Cataluña», y cuyo «jefe de Estado» será el presidente de la Generalitat, según dicha ley y no el rey Felipe VI.
También se explicita los requisitos para tener la nacionalidad catalana y que ello «no exige la renuncia de la nacionalidad española ni de cualquier otra», además de que «el Govern promoverá, en el tiempo más breve posible, negociaciones con el Estado español para celebrar un tratado en materia de nacionalidad».
La proposición de ley aún no registrada, con 89 artículos y que deja claro que sería la «norma suprema del ordenamiento jurídico catalán» mientras no sea aprobada una «constitución catalana», establece que las normas locales, autonómicas y estatales vigentes en Cataluña en el momento de entrada en vigor de la ley se continuarán aplicando en lo que no contravengan esta ley y el derecho catalán aprobado después.
También se continuarían aplicando las normas del derecho de la UE, el derecho internacional general y los tratados internacionales; y se explicita que el personal del Estado que preste sus servicios en Cataluña se integraría en la administración pública catalana en las mismas condiciones retributivas y empleo, salvo que renuncie.
Se reconocería por otro lado el derecho a percibir prestaciones sociales públicas, así como se reconocerían los periodos de cotización en Seguridad Social; la Generalitat sería la única «autoridad» tributaria y desaparecería la potestad de la Agencia Tributaria en Cataluña; y la asunción de la deuda se dejaría a la eventual fase de negociación con el Estado.
La citada ley también plantea aspectos como la composición de la Sindicatura Electoral de Cataluña; que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se convertiría en Tribunal Supremo de Cataluña; o que el Consejo de Garantías Estatutarias pasaría a ser Consejo de Garantías Democráticas y sería vinculante.
El fiscal general de Cataluña sería nombrado por el Parlament
Entre otros puntos, el fiscal general de Cataluña sería nombrado por el Parlament y no por el Govern; se eliminaría la jurisdicción militar, que ya no existiría; y los jueces, magistrados, letrados y fiscales podrían seguir en sus plazas, salvo renunciar a su integración.
Se crearían asimismo dos instituciones: la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo -similar al Consejo General del Poder Judicial- y una Comisión Mixta formada a partes iguales por miembros de la Sala del Gobierno del Tribunal Supremo y del Govern de la Generalitat.
Por último, el Ejército español debería dejar de tener jurisdicción en el territorio catalán y debería abandonar Cataluña, mientras que la Generalitat pasaría a ser autoridad aduanera; en cambio, no se explicita si una Cataluña independiente tendrá ejército, algo que JxSí y CUP dejan para el debate constituyente.
Reacciones a esta ley
Tras la presentación de la ley, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, han conversado telefónicamente y se han comprometido a «instrumentalizar una posición conjunta de respuesta a este desafío del soberanismo», según han explicado los socialistas.
Por su parte, desde Moncloa, se ha insistido de que dicha ley «nunca entrará en vigor», ya que seguirán respondiendo a los «intentos» del independentismo de «vulnerar» la Constitución, y ha acusado al Govern de no tener «ningún mínimo resto de sensatez, moderación o responsabilidad institucional». (CONFILEGAL/EP)
