El Tribunal Supremo ha declarado nulo un despido colectivo por causas económicas porque la empresa de automoción no aportó en el periodo de consultas las cuentas de las otras sociedades del grupo del que formaba parte.
Para el Supremo, la ausencia de tal comunicación fue trascendente y relevante, ya que era información necesaria para conocer las causas esgrimidas por la empresa para llevar a cabo el despido colectivo.
En la sentencia, el Pleno de la Sala de lo Social del Supremo -formado por los magistrados Jesús Gullón Rodríguez (presidente); María Milagros Calvo Ibarlucea; Luis Fernando de Castro Fernández; José Luis Gilolmo López; María Luisa Segoviano Astaburuaga; José Manuel López García de la Serrana; Rosa María Virolés Piñol; María Lourdes Arastey Sahún; Antonio V. Sempere Navarro; Ángel Blasco Pellicer; Sebastián Moralo Gallego y Jordi Agustí Juliá– declara nulo el despido colectivo acordado en 2016 en la empresa de compraventa de coches Nuasa (Nueva Automoción, S.L.), que afectaba a la totalidad de la plantilla, 21 trabajadores, distribuidos en los centros de trabajo de Badajoz, Don Benito y Mérida.
La empresa alegó que arrastraba pérdidas desde hacía varios ejercicios, y que había perdido la concesión de la marca SEAT que detentó hasta febrero de 2016, por lo que había decidido el cese de su actividad, previo despido de toda la plantilla.
El despido se acordó tras cerrarse el periodo de consultas sin acuerdo.
Los representantes de los trabajadores presentaron demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) reclamando la nulidad de los despidos.
El TSJ extremeño desestimó la demanda y declaró ajustado a derecho el despido colectivo, entre otros motivos al descartar la existencia del grupo mercantil de empresas del que formaría parte Nuasa, cuya existencia sostenían los recurrentes.
Sin embargo, al examinar el recurso de casación de los trabajadores contra la sentencia del TSJE, que destaca que de los documentos obrantes en autos se deducía la existencia del grupo, el Supremo les da la razón y reconoce la existencia del grupo mercantil de empresas.
Así, acepta la petición del recurso de añadir un nuevo hecho probado, que señala que Nuasa está integrada en un grupo de empresas conformado con otras cinco sociedades, todas domiciliadas en España y pertenecientes al mismo sector de actividad, con saldos acreedores o deudores con Nuasa, “sin que se aportasen en el periodo de consultas del despido colectivo ni en ningún otro momento antes del mismo las cuentas de dichas empresas”.
A continuación recuerda que el artículo 4.5 del Real Decreto 1483/2012, por el que se aprueba el Reglamento de los Despidos Colectivos, establece que la documentación económica de la empresa que inicie el procedimiento deberá acompañarse de las cuentas de las demás empresas del grupo, cuando estas últimas tengan domicilio en España, pertenezcan al mismo sector de actividad, y tengan saldos deudores o acreedores con la empresa que pretende el despido colectivo.
La principal finalidad que del periodo de consultas, según el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores, es la de que los representantes de los trabajadores tenga una información suficientemente expresiva para conocer las causas de los despidos y poder afrontar el periodo de consultas adecuadamente.
Y, para el Supremo, “esa finalidad de proporcionar la información necesaria para abordar con mínimas garantías el periodo de consultas o, de manera aún más elemental, de conocer documentalmente la situación económica real de la empresa sobre la que se justifican los despidos no se llevó a cabo”, ya que dejó de aportarse por la empresa la documentación que con carácter preceptivo exige el artículo 4.5 del Real Decreto 1483/2012.
Dicha documentación, resalta la sentencia, que lleva fecha de 19 de julio de 2017, “resulta relevante sin duda, por cuanto que cuando se trata de empresas encuadradas en un grupo mercantil, y se dan los requisitos que exige la norma (…), habrán de aportarse las cuentas de las demás empresas del grupo, precisamente para conocer la verdadera situación de la que adopta la decisión de despido colectivo ante la posible existencia de saldos deudores o acreedores, o de relaciones económicas diversas entre ellas que tengan reflejo en las cuentas que han de aportarse”.
