La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado una querella contra el presidente catalán, Carles Puigdemont, y el resto del Govern por desobediencia, prevaricación y malversación, delito éste que implica penas de prisión, por entender que hicieron un «uso ilegal de fondos públicos» con el referéndum. Además solicita fijar medidas cautelares, -incluyendo fianzas-, para asegurar posibles responsabilidades pecuniarias.
Ha pedido el cierre de las webs a través de las que se está impulsando y dando «una apariencia de cobertura legal» al referéndum de independencia.
La Fiscalía Superior de Cataluña también ha reclamado que se aperciba a los alcaldes para que impidan que se facilite cualquier tipo de recurso o local para el referéndum y que se inste a todas las Fuerzas de Seguridad (Guardia Civil, Policía y Mossos) a que adopten las medidas necesarias para impedir el 1-O.
El Ministerio Público solicita esas medidas para evitar la celebración del referéndum, dado que «parece obvio que la progresión de la conducta de los querellados no deja lugar a dudas sobre la verdadera intención de que se celebre un referéndum que tiene por finalidad desmontar todo el orden constitucional».
Web y medios de comunicación
Por ello, solicita el cese de actividad de las webs garanties.cat y https://connectat.voluntariat.gencat.cat/referendum207 desde las que se impulsa y da «apariencia de cobertura legal y normalidad» al referéndum y añade que esa medida cautelar se adopte para cualquier otro medio de comunicación, web o red social que realice la misma actividad.
Si el prestador de servicios está radicado fuera de España, se requerirá a los prestadores de servicios de intermediación que se impida acceder a esas webs desde España.
En cuanto a los medios de comunicación, solicita que se envíe un oficio a los directores de todos los que tengan sede en Cataluña, ya sean escritos o audiovisuales, públicos o privados, apercibimientos legales para que impidan la inserción de cualquier tipo de publicidad institucional o propaganda sobre el 1-O.
A los alcaldes les pide que no faciliten medios humanos y materiales, incluyendo locales, para ese objetivo.
Uso ilegal de fondos públicos
En la querella, se recalca que se ha iniciado un procedimiento que implica un «importante gasto público» y el uso ilegal de fondos públicos.
«Impulsar la celebración del referéndum supone consumar el despojo de fondos públicos», sostiene la querella, redactada por el Fiscal Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada.
«Los miembros del Govern no pueden desconocer que su decisión de convocar el referéndum de autodeterminación conlleva necesariamente el uso ilegal de fondos públicos», señala la querella, que recuerda que la propia ley de los presupuestos de la Generalitat de este año ya preveía habilitar partidas para sufragar este referéndum.
Guardia Civil, Policía y Mossos
En cuanto a las Fuerzas de Seguridad, en la línea de la instrucción dada por el fiscal general del Estado a los fiscales de Cataluña, solicita que se reclame a la Guardia Civil, Policía y Mossos las medidas necesarias para impedir la promoción, organización y celebración del referéndum ilegal.
Para ello, deberán intervenir los efectos o instrumentos destinados a tal fin, como urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas, impresos o elementos informáticos.
Con ese fin, pide que, si es necesaria, se acuerde la pertinente orden de entrada y registro en domicilios y otros lugares que requieran autorización judicial. (CONFILEGAL/EP)
