El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, mintió el pasado domingo cuando declaró que a él y a los miembros de su gobierno sólo podían inhabilitarlos el Parlament catalán. «No hay otra instancia judicial o política que pueda hacerlo», afirmó públicamente.
Ante esa mentira, las 4 asociaciones de jueces y las 3 de fiscales salieron ayer en bloque recordándole que está muy equivocado: «Cómo cargo público español» está sometido al ordenamiento jurídico que emana de la Constitución, el mismo que le ha permitido ocupar su actual cargo, y, por lo tanto, «sólo podría ser inhabilitado por los tribunales».
Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, fue el primero en aclarar a Puigdemont su «confusión»: «Cualquier sentencia de inhabilitación corresponde a los tribunales y ningún parlamento, ya sea autonómico o nacional, puede suplir a jueces y tribunales. Son los únicos que tienen esa potestad», declaró.
«Las palabras de Puigdemont son una muestra más del desprecio hacia el Estado de Derecho de un ordenamiento jurídico democrático», añadió.
En los mismos términos se pronunció el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Raimundo de Prado, quien dijo que el presidente catalán «puede decir lo que quiera», pero que la inhabilitación de un cargo público está tipificada en el Código Penal y, de este modo, sólo puede ser acordada por los jueces.
«El Parlament de Cataluña no tiene ninguna potestad de ningún tipo en una decisión como esa. Eso hay que dejarlo claro», señaló.
Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, por su parte, recordó que la Carta Magna es la «norma suprema» a la que están sometidos todos los poderes públicos, también el Gobierno catalán.
La presidenta de la Gestora de Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez, se pronuncio en la misma línea: «Las declaraciones de Puigdemont pueden inducir a error entre la ciudadanía española en Cataluña. Son los tribunales españoles los únicos que tienen la competencia de inhabilitar a un cargo como él. De la misma forma que es el Tribunal Constitucional el único competente para suspender tanto la ley de referendum como la de transietoriedad aprobadas por el Parlament por ser contrarias a la Carta Magna».
«El presidente de la Generalitat no debería hacer declaraciones que no responden a la verdad», añadió.
COMO CUALQUIER CIUDADANO
Los colectivos de fiscales opinan de la misma manera.
Concepción Talón, presidenta de la Asociación de Fiscales, subrayó que el presidente de la Generalitat «está sometido a las leyes, como cualquier ciudadano español».
El nuevo presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Emilio Fernández García, considera que Puigdemont está «claramente equivocado». «Es un funcionario público español y si comete un delito, los tribunales pueden inhabilitarle. No es una medida política o parlamentaria, sino judicial», explicó.
Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, calificó las palabras de Puigdemont de «barbaridad».
«No tiene ningún soporte jurídico. Puigdemont, como ciudadano español que es, está sometido a la Constitución, a la ley y al ordenamiento jurídico. Si no fuera por la gravedad de la situación diría que sus palabras son de risa. Se está jugando la libertad y su patrimonio», remachó.
Joseph Goebbles, ministro de Propaganda nazi, solía decir que «una mentira que se repite mil veces es verdad». En este caso jueces y fiscales han confrontado en su raíz la que Puigdemont pronunció el pasado domingo. CONFILEGAL/EP.
