Confilegal lo avanzó el 22 de abril pasado en una información que titulamos «Alberto Ruiz Gallardón: ¿Objetivo oculto de la «Operación Lezo»? Las últimas informaciones avanzadas por la Cadena SER ayer afirman que no estábamos nada desencaminados.
Alberto Ruiz Gallardón «tiene la consideración de investigado en la causa», dice la emisora de radio, que cita «fuentes jurídicas». Y afirma que tiene esa condición desde enero de 2017 por orden de «la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional», «por su papel en la adquisición de la filial latinoamericana del Canal Isabel II, Inassa, uno de los instrumentos fundamentales utilizados por la trama para el blanqueo de capitales, según los investigadores».
Los delitos atribuidos son los de prevaricación, malversación o fraude en la contratación entre otros. Todo está a la espera, al parecer de que la Fiscalía Anticorrupción presente la petición para llamar a Gallardón como imputado en un día concreto.
«La judicialización de la investigación que está llevando a cabo Eloy Velasco, titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, con la colaboración de los fiscales anticorrupción Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá y la Guardia Civil, dentro de la denominada ‘Operación Lezo’ puede tener un ‘objetivo oculto’: Alberto Ruiz Gallardón, presidente de la Comunidad de Madrid entre 1995 y 2003 y exministro de Justicia», decíamos en nuestra información de abril.
«Ahí estuvo, precisamente, la discrepancia entre el fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, y Yáñez y García Cerdá, que provocó la reunión de la Junta de Fiscales Anticorrupción», afirmábamos entonces.
Moix trató de frenar entonces cualquier intención la doble investigación de los casos de González y Ruiz Gallardón, cosa que finalmente no pudo evitar.
«Moix no consideraba que la compra de la empresa Inassa, en 2001, por parte del Canal de Isabel II, por un precio de 73 millones de dólares -cuando el año anterior su valor había sido de 7 millones-, en tiempos de Ruiz Gallardón, tuviera nada que ver con la adquisición, en 2013, de Emissao, bajo el mandato de Ignacio González», continuábamos.
Para el entonces fiscal Anticorrupción, los periodos y las personas, al frente, eran completamente distintas.
No había relación entre ambas.
La mencionada sociedad fue adquirida por el mismo Canal de Isabel II por 31 millones de euros cuando su valor patrimonial era de 10 millones.
“Moix no veía la conexidad procesal. Tendrían que ser dos investigaciones diferentes, con la peculiaridad de que la mayoría de los delitos que se pudieran haber cometido en tiempos de la Presidencia de Ruiz Gallardón -han pasado 16 años- estarían prescritos”, explicaron entonces fuentes de la Fiscalía.
Por eso Moix vetó la investigación de ese periodo. Y eso fue lo que le hizo saltar, finalmente, de su cargo.
