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Alberto Ruiz Gallardón: ¿Objetivo oculto de la «Operación Lezo»?

Alberto Ruiz-Gallardón, expresidente de la Comunidad de Madrid, exalcalde de Madrid y exministro de Justicia. Foto: Confilegal
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La judicialización de la investigación que está llevando a cabo Eloy Velasco, titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, con la colaboración de los fiscales anticorrupción Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá y la Guardia Civil, dentro de la denominada «Operación Lezo» puede tener un «objetivo oculto»: Alberto Ruiz Gallardón, presidente de la Comunidad de Madrid entre 1995 y 2003 y exministro de Justicia.

Ahí estuvo, precisamente, la discrepancia entre el fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, y Yáñez y García Cerdá, que provocó la reunión de la Junta de Fiscales Anticorrupción el pasado miércoles.

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Moix no consideraba que la compra de la empresa Inassa, en 2001, por parte del Canal de Isabel II, por un precio de 73 millones de dólares -cuando el año anterior su valor había sido de 7 millones-, en tiempos de Ruiz Gallardón, tuviera nada que ver con la adquisición, en 2013, de Emissao, bajo el mandato de Ignacio González.

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Esta sociedad fue adquirida por el mismo Canal de Isabel II por 31 millones de euros cuando su valor patrimonial era de 10 millones.

Para el fiscal Anticorrupción, los periodos y las personas, al frente, eran completamente distintas. No había relación entre ambas.

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«Moix no veía la conexidad procesal. Tendrían que ser dos investigaciones diferentes, con la peculiaridad de que la mayoría de los delitos que se pudieran haber cometido en tiempos de la Presidencia de Ruiz Gallardón -han pasado 16 años- estarían prescritos», explican fuentes de la Fiscalía.

Por eso Moix vetó la investigación de ese periodo.

¿Por qué ese interés por el periodo de Ruiz Gallardón, sabiendo que la sombra de prescripción podría pender sobre ese asunto? ¿Que intereses puede haber por fusionar dos investigaciones distintas ejecutadas en el tiempo con más de lustros de distancia entre ellos y con protagonistas que nada tienen que ver?

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Ese es el enigma que queda por resolver.

Yáñez  y García Cerdá contaban con una resolución anterior de a Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que apoyaba su pretensión de que todo era parte de una misma investigación.

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Por eso, cuando recibieron la orden de Moix, invocaron el artículo 27 del Estatuto Fiscal, y el fiscal Anticorrupción no tuvo más remedio que convocar a los más de viente componentes de la Junta de Fiscales Anticorrupción.

Dicha Junta reconoció que no se habían podido mirar el asunto, pero, guiados por un criterio de eficacia más que procesal -y ya que se iba a entrar en el Canal de Isabel II- apoyaron que se incautara todo lo referente a lo del caso Inassa, de 2001.

Y luego, si no hubiera conexidad, que se abriera una investigación distinta.

La Junta dio el visto bueno y Moix acató el resultado, si bien el fiscal Anticorrupcion ordenó que se detrajera de la lista de cargos la acusación de pertenencia a organización criminal.

Poner orden en la Fiscalía Anticorrupción

Para muchos, dentro de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix es un «cuerpo extraño» en una organización que ya, desde mucho antes de que su antecesor, Antonio Salinas, se jubilara, en septiembre pasado, funcionaba en «piloto automático».

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El principal favorito a la sucesión había sido Alejandro Luzón, pero la «deseada», para muchos, era la teniente fiscal Anticorrupción, Belén Suárez, que llevaba en el cargo el mismo tiempo que Salinas, habiendo sido nombrada por y ratificada por tres fiscales generales diferentes: Por Jesús Cardenal, en 2003, por Cándido Conde-Pumpido, en 2009, y por Eduardo Torres-Dulce, en 2014.

El gran desafío de Moix es hacerse con la Fiscalía Anticorrupción, cosa harto difícil cuando lo que sucede en su interior se filtra en tiempo real a los medios de comunicación.

Acabar con ello, y con los «incontrolados», es su principal tarea.

Y poner orden.

Para empezar ha tomado una decisión lógica: relevar a los fiscales Anticorrupción José Grinda -uno de los «hombres fuertes» de ese organismo- y a su compañero Fernando Bermejo, ambos destinados en Madrid, de la investigación del caso del 3 por ciento, sobre el supuesto pago de comisiones por parte de varias empresas a Convergencia Demodrática de Cataluña a cambio de adjudicaciones de obra pública.

«Es una decisión lógica. Grinda y Bermejo están destinados en Madrid. El Juzgado que instruye el proceso está en el Vendrell. No tiene sentido que lo sigan llevando. Los que, desde ahora, se van a ocupar de ello son los delegados territoriales de la Fiscalía Anticorrupción en Cataluña, Emilio Sánchez y Teresa Duerto, que es a quienes les corresponde», explicaron las mismas fuentes de la Fiscalía.

Según se filtró, la decisión de Moix se había producido en un momento en el que Grinda y Bermejo estaban ultimando un escrito para solicitar al magistrado del caso que, a su vez, pidiera al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que investigara a Germá Gordó, diputado autonómico de Junts pel Sí y exconsejero de Justicia del último gobierno de Convergencia i Unió.

«Emilio Sánchez y Teresa Duerto son dos fiscales implacables. Estamos tranquilos con el cambio», explicaron varios fiscales destinados en Cataluña consultados por Confilegal.

Grinda y Bermejo, junto con Yáñez y Juan José Rosa, forman parte de una cometa que, hasta ahora, había gozado de mucha cuerda y libertad dentro de la Fiscalía Anticorrupción. Cuerda que Moix quiere ahora controlar con firmeza y seguridad, para hacerla volar con precisión y eficacia. Esa es su asignatura pendiente.