Propuestas para resolver el colapso de los juzgados de cláusulas suelo

CSIF acusa al Ministerio de Justicia, las CC.AA. y el CGPJ de crear un «tapón de demandas» con los Juzgados de cláusulas suelo

19 / 09 / 2017 12:29

Actualizado el 19 / 09 / 2017 12:31

El sindicato de funcionarios CSIF ha acusado al Ministerio de Justicia, las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas en justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de haber creado un «tapón de demandas» que desborda a la mayoría de los 52 Juzgados especializados en cláusulas suelo -uno por provincia- en toda España.

Los Juzgados ya están «atascados», y «las cifras publicadas por el CGPJ el 14 de septiembre»  nos dan la razón», afirman en un comunicado; desde el pasado 1 de junio y el pasado 8 de septiembre se presentaron 57.068 demandas en todos esos Juzgados, siendo el 101 bis de Madrid el más colapsado, con 13.064.

De acuerdo con CSIF, la situación «se agravará mucho más si no se tomán medidas de manera inmediata».

Los cálculos que hace el sindicato son de 200.000 demandas en un año.

«Este incremento de trabajo también afecta a las oficinas de registro y reparto, y que, de no reforzarlas con más personal, afectará al resto de reparto civil, y, por tanto, al resto de juzgados de la jurisdicción civil», añaden.

La fórmula adoptada de la “especialización” ha demostrado, afirma este sindicado, «su inefectividad ante el elevado número de demandas presentadas».

Para CSIF la solución a este estado de cosas pasa por crear tantos juzgados exclusivos -con las mismas plantillas que cualquier otro juzgado- como se necesiten partiendo de un cálculo concreto: cuando se pasen de 400 demandas anuales, «un juzgado bis, si el número es superior a 1000 otro juzgado y así sucesivamente cada 1000 nuevos asuntos».

Dichos juzgados, dicen, deben de estar dotados del personal necesario, «habilitando el crédito extraordinario necesario para hacer frente a dicha medida».

CSIF también apuesta por la creación de una Comisión Mixta de Seguimiento -presidida y coordinada por el Ministro de Justicia, compuesta por el propio Ministerio de Justicia, CGPJ, Comunidades Autónomas afectadas y representantes de los trabajadores- con el fin de hacer un seguimiento mensual sobre la evolución de la carga de trabajo de esos juzgados y de proponer las medidas necearias para evitar su colapso.

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