Isabel Fernández, doble víctima: de la violencia de género y de la dejadez de la Justicia, que no es capaz de hacerle pagar a su marido ni un euro de la pensión de alimentos pactada en 2005, cuando se divorció. Carlos Berbell/Confilegal.
Isabel Fernández, 17 años sin cobrar la pensión de alimentos: «La Justicia me ha fallado, por completo»
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23/9/2017 06:05
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Actualizado: 23/9/2017 00:59
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Isabel Fernández García, de 47 años, es una mujer de una pieza. Hace 12 años se divorció de su marido, Alberto Molina Beato, se puso el mundo por montera y ella solita sacó a sus dos hijas adelante, Roxana, que hoy tiene 25 años, y María, de 22. Trabajando de muchas cosas. La última, de administrativa en la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Valdemoro.
Las ha pasado muy mal, hay que decirlo muy claro. Su exmarido trató de matarla con un cuchillo jamonero en 2010 y salvó la vida por los pelos.
«Me casé muy joven con el hombre equivocado», reconoce.
Con él levantó una pequeña empresa que llegó a tener cuatro camiones y que se fue al garete porque una de las empresas constructoras de la Peineta le dejó un enorme pufo, que acabó con lo que prometía ser un negocio de futuro; de paso acabó también con su matrimonio.
El divorcio fue de mutuo acuerdo en 2005 y Molina se comprometió a pagarle 800 euros mensuales por cada hija como pensión de alimentos y manuntención.
En total, 1.600 euros.
Cuando suscribió el acuerdo Molina podía, pero no quería, como luego demostró.
Porque Molina jamás le dio un euro a su exesposa para alimentar y cuidar a sus dos hijas, a las que decía querer más que a su vida.
María y Roxana, las hijas de Isa, cuando eran niñas; en 12 años, su padre no ha pasado ni un euro para su manutención.
Isa le demandó ante los tribunales de justicia en 2012 para que le abonara lo adeudado, que entonces ya ascendía a 67.010,83 euros. 9.572 euros por año.
Actualizando a 2016, la cifra ascendería a 105.290 euros.
A eso habría que sumarle los intereses y las costas, que estarian en torno a los 35.000 euros.
Son 140.290 euros que jamás recibió.
«Ni creo que vaya a recibir. Porque mi exmarido es insolvente. Pero, de algo tiene que vivir, ¿no? No se puede vivir 12 años del aire. La justicia, con todos sus medios informáticos, con su publicitado Punto Neutro Judicial, que dicen que llega a todos los bancos, pero que, en mi caso, ha fallado como una escopeta de feria, no ha podido sacarle ni un euro», cuenta Isa.
Su abogado, José María Garzón, lo pone blanco sobre negro: «Son 140 entidades bancarias en España, es decir, todas, las que han respondido que Alberto Molina Beato no tiene cuentas ni mucho dinero en ninguna de ellas. Yo no sé que falla aquí, pero algo está fallando, estrepitosamente».
Hasta hace dos años y por espacio de cuatro años, Isa vivió con una orden de alejamiento de su exesposo.
«Trató de matarme. Así de claro. En 2010, cinco años después de divorciarnos, pasó por una mala racha. Se puso enfermo. Mis hijas me convencieron para acogerlo durante unos días, hasta que se pusiera bien. Fue la prueba palpable del refrán ese que dice que ‘por la caridad entra la peste'», cuenta Isa.
«Él era un hombre muy celoso. Durante esas semanas que permaneció en casa recuperándose, fue testigo de que mi vida había cambiado. Venían amigos y amigas a casa. Un día, por sorpresa, cogió el cuchillo jamonero y trató de clavármelo en el cuerpo. Pude salvarme porque me encerré en el cuarto de baño y mis hijas hicieron todo por pararlo», relata.
Aquello desembocó en un Juzgado de Violencia de Género, en un juicio y en la consiguiente condena, que lo alejó para siempre de su vida.
No lo volvió a ver. Ni a él ni a su dinero.
Fondo de pensiones
Ahora Isa está luchando por conseguir la recuperación de dos fondos de pensiones que suscribió Molina cuando eran matrimonio. Los dos a su nombre. Uno en la Entidad Gestora de Fondos de Pensiones del Banco Popular y otro en Caja Extremadura.
En Allianz Popular Pensiones y en Liberbank, para ser más exactos.
La suma a rescatar es de 67.010,83 euros, por un lado -del principal-, y 20.103,24 euros, correspondientes a intereses y costas.
La magistrada del Juzgado de Primera Instancia 29 de Madrid falló en 2012 que se le entregara a Isabel Rodríguez ese dinero, para hacer frente a la manuntención de las hijas comunes.
Sin embargo, ambas aseguradoras, a día de hoy, septiembre de 2017, se niegan a entregarle el dinero.
Argumentan que la cantidad que reclama «no puede ser objeto de embargo, trabaja judicial o administrativa hasta el moemnto en que se cause el derecho a la prestación (jubilación; incapacidad laboral permanente; fallecimiento; dependencia) en que se hagan efecitvos en los supeustos de enfermedad grave o desempleo de larga duración».
Y se agarraron los dos al artículo 8.8 del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.
En mayo pasado -¡5 años después de esa sentencia!- la letrada de la Administración de Justicia dirigió un oficio a Allianz y a Liberbank ordenando la entrega del plan de pensiones de Alberto Molina, embargado por ese juzgado, recordando que el hombre «se encuentra en situación de desempleo de larga duración», una de las condiciones que contempla la legislación.
¿Produjo algún efecto? «Ninguno», afirma Garzón. «Y tendría que haberlo habido. No digo que se estén riendo de la Justicia, pero a nuestro caso no le están dando ninguna atención. Y la Justicia no está ejerciendo el poder que tiene para implementar sus órdenes. Porque lo tiene».
¿Dejadez?, ¿desidia por parte del Juzgado? Tiene toda la pinta.
Isa es una mujer positiva. Necesita el dinero. Su hija mayor, Roxana, se acaba de casar. Y eso le ha hecho muy feliz. La pequeña todavía vive en casa, y ella acaba de quedarse en el paro.
«Yo no soy de las que se rinden. Pero tampoco voy a decir que confío en la Justicia a ojos cerrados. Haciendo un balance de mi vida, tengo que decir que a mí la Justicia me ha fallado, por completo. Porque no se entiende que no hayan podido descubrir dónde tiene su dinero mi exmarido, para que me pague todo lo que me debe, y porque no han sido capaces de recuperar el dinero de los fondos de pensiones, a pesar de una sentencia que les obliga. Creo, sinceramente, que no han hecho los esfuerzos necesarios a los que estaban obligados», cuenta Isa.
«Pero se equivocan si creen que voy a tirar la toalla. Soy una luchadora. Tengo derecho a ese dinero y lo necesito. ¿Tan difícil es que los señores que trabajan para la Justicia, a los que pagamos con nuestros impuestos, lo puedan entender? Lo único que espero es que hagan de una vez por todas su trabajo. Y si no lo hacen, lo contaré a los cuatro vientos para que todo el mundo se entere de una vez por todas. Porque estoy muy enfadada», remacha.
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