«El Poder Judicial que diseña el independentismo en Cataluña nace castrado en su independencia», así de rotunda se pronuncia la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) en un informe titulado «El desafío soberanista en Cataluña ante el Derecho».
El informe ha sido realizado a partir de un estudio legal sobre las leyes aprobadas por el Parlamento catalán, la Ley del Referéndum y, en especial, la Ley de Transitoriedad, suspendidas las dos por el Tribunal Constitucional.
De producirse finalmente la secesión -cosa que consideran improbable-, el escenario que se describe en el informe contempla un poder judicial catalán «altamente politizado», mucho más que el órgano de gobierno de los jueces actual.
Consideran que en una Cataluña independiente no se respeterían los derechos humanos, «la clave de bóveda» que garantiza la independencia de los jueces y magistrados.
Por ello, en prevención de que se produzca ese escenario, la PCIJ hace un llamamiento a los tres poderes del Estado, el Gobierno, el Parlamento y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que confeccionen un «Estatuto Integral de Protección de la Justicia con especial atención a la situación proesional de los jueces».
«En particular, compete al CGPJ amparar sin demora a los jueces destinados en territorio catalán en virtud de la misión constitucional que tiene encomendada», dice el informe.
INFORME PARA DESCARGAR: EL DESAFÍO SOBERANISTA EN CATALUÑA
El estudio fue presentado ayer en Madrid por el magistrado Jesús Villegas, secretario general de la PCIJ, el abogado Antonio García Noriega, miembro de la Junta Directiva de PCIJ y de la Federación Interamericana de Abogados, el profesor rumano, Víctor Pantelimón, de la Universidad Ovidius, experto en los procesos secesionistas de los países de la antigua URSS y la antigua Yugoslavia, y la profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Elche, María Victoria Rodríguez.
Un proceso ilegal
El informe de la PCIJ, una organización que agrupa a magistrados, abogados, juristas y ciudadanos preocupados por la justicia y de la que Agustín Azparren, exvocal del CGPJ, magistrado en excedencia y abogado, es el presidente y la abogada del Estado, Elisa de la Nuez, es la vicepresidenta, afirma lisa y llánamente que «la ruptura unilateral atenta contra el ordenamiento jurídico legítimo. Por tanto,es ilícita o, más llanamente, ilegal».
«No sólo por razones formales, al prescindir de las normas contenidas en el bloque de constitucionalidad, sino materiales también, ya que la situación fáctica resultante carecería de las mínimas garantías que asegurasen el respeto a la tutela judicial efectiva», se puede leer en el mismo.
De acuerdo con la PCIJ, así se desprende de la pieza normativa fundamental que es la denominada «Ley de Transitoriedad, aprobada por el parlamento regional y que vendría a sustituir a la Constitución Española».
Su regulación atribuye el gobierno del Poder Judicial -que en España ejerce el CGPJ- a la llamada Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) -que se convertiría en el Tribunal Supremo- junto con una Comisión Mixta que estaría compuesta por el presidente del TSJCat, cuatro miembros de la Sala de su Sala de Gobierno, el presidente de la Generalitat o el consejero de Justicia, y cuatro miembros elegidos por el Gobierno de la Generalitat.
A esta Comisión Mixta se le atribuiría lo que hace el CGPJ hoy en día: nombrar presidentes de salas, concursos, traslados, adjudicación de vacantes, etc.
«Surge la duda de si semejante estructura, nacida de un proceso jurídicamente rupturista y con vinculaciones al poder político, estaría en condiciones de ofrecer a la ciudadanía un poder judicial independiente».
Queda la duda de si ese status comprende un mínimo de cautelas que a los jueces les permitan ejercer sin injerencias internas o externas su función, tales como la inamovilidad, estabilidad salarial, procedimientos objetivos disciplinarios y de inspección, por ciatar algunos de ellos.
«El nuevo diseño con el que comenzaría a andar el Poder Judicial en Cataluña es menos democrático que el estatal por partida doble. En primer lugar, los miembros de la Comisión Mixta no son elegidos por los jueces según el principio de un juez/un voto. Y, en segundo lugar, la composición de este órgano de Gobierno no respeta un principio básico del Estado de Derecho, que es que los tres Poderes cuenten con un sistema de contrapesos», se puede leer en el informe.
«No lo respeta porque la Comisión Mixta está controlada por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo, lo que se traduce en un férreo control y una absoluta dependencia de los jueces frente a los otros dos Poderes del Estado», añade.
Autoamnistía
A la PCIJ le llama la atención de sobremanera el artículo 79.4 que prevé que «los jueces y tribunales sobresean los procedimientos en trámite o anulen las condenas de aquellas personas que hayan sido investigadas o condenadas por defender la creación del nuevo estado catalán».
«Nótese que no estamos hablando de que el futuro ejecutivo ejerza el derecho de gracia, sino de que se endosa a los propios órganos jurisdiccionales la exculpación. He aquí un riesgo de instrumentación de la Justicia a favor de intereses ajenos que hace dudar del sincero compromiso del separatismo rupturista con la separación de poderes», aclara la Plataforma.
En opinión de Villegas, «Esta es una autoamnistía evidente. ¿Los beneficiados? Aquellas personas que han cometido delitos relacionados con el proceso secesionista y los corruptos».
La Ley de Transitoriedad prevé la asunción del personal de la Administración General del Estado al estado catalán, con reconocimiento de derechos y antiguedad. Por ser los jueces poder judicial deberían tener voz en este mecanismo de remoción, pero no es así.
«El artículo 68 de la ley de Transitoriedad establece el siguiente procedimiento: los jueces españoles con menos de tres años de ejercicio en Cataluña antes de la entrada en vigor de la ley podrán quedarse, si así lo piden y cumplen los requisitos que se establecerán por reglamento, es decir, si ejercen su derecho de integración. Los que lleven más de tres años ejerciendo continúan en sus destinos, salvo que hagan renuncia expresa a la integración», cuenta el informe.
Jueces afectos al nuevo régimen
«He aquí, tal como se advertía, uno de los puntos de colisión que mayores dudas ofrece y que plantea una genuina aporía jurídica. Hay una continuidad en la función pública sin juramento de acatar el nuevo ordenamiento jurídico. Pero más allá del campo estrictamente legal, emerge el problema humano de los jueces y funcionarios insertos en un entorno extraño, si no hostil, al Estado que había conferido legitimidad a sus cargos. Algunos temen presiones institucionales y políticas para plegarse a la nueva situación. Semejante panorama plantea casos límite ciertamente dramáticos, como el abandono forzado del territorio catalán con gravísimos problemas de desarraigo económico y familiar (pago de viviendas hipotecadas, escolarización de los hijos, exclusión social, etc.)».
Las plazas de jueces que quedaran vacantes serían cubiertas por el TSJCat mediante el procedimiento de sustitutos.
«Es de prever que las designaciones recayeran sobre justicas afectos al nuevo régimen. He aquí otra vía por la que hace aguas la separación de poderes y la independencia judicial al favorecer la formación de una judicatura ideológicamente afín», cuenta la PCIJ.
Actualmente Cataluña cuenta con un total de 842 jueces y magistrados, 386 fiscales, 455 letrados de la Administración de Justicia, 6.169 funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y 347 en la Fiscalía de Cataluña: Total: 8.299 personas.
De la misma manera, la Comunidad Autónoma de Cataluña es la segunda, después de la del País Vasco, que más presupuesto reicbe por habitante: 66,3 euros.
Finalidad del informe de la Plataforma
La finalidad del informe de la Plataforma es la protección de los jueces, según relató Villegas. «Pero no sólo de los jueces, también de los fiscales, de los letrados de la Administración de Justicia, de los funcionarios, de los abogados, de los procuradores, de los médicos forenses, de los peritos, de todos los servidores de la Justicia».
«Nuestro objetivo es la defensa de los derechos humanos, porque si no hay tribunales independientes no hay nada. Protejamos a la justicia porque así lo exige la protección de los derechos del hombre», aclaró el magistrado.
El abogado García Noriega, que adelantó que no creía que se fuera a producir la secesión, advirtió, sin embargo, que nada se puede descartar. Y que, si se produjera, «sin duda habría depuraciones. Los funcionaros serían marcados en afectos y desafectos. Y se promovería el miedo. Eso, en España, ya lo conocemos, por nuestra historia».
El profesor Pantelimón, por su parte, hizo un proceso de comparación de lo que está ocurriendo en Cataluña con los ocurridos en los países de la antigua URSS y de la desaparecida Yugoslavia. «No existen similitudes. Son completamente diferentes», aclaró.
En su opinión, al Gobierno le ha faltado cintura y previsión.
«A los separatistas les interesa que se les victimice. Les importa más que el referéndum. Quieren seguir dominando la agenda pública, que su relato sea el que prevalezca. Desde mi punto de vista, el Gobierno debería haberle prestado más atención a la crisis. Incluso haber propiciado el referéndum, pero con sus condiciones. Por ejemplo, que hubiera sido obligatorio que votaran todos los ciudadanos y que para que el sí triunfara fuera preciso un 70 por ciento de mayoría. Ahora ha caído en la trampa de los separatistas porque no les dejan votar», contó Pantelimón.
La profesora Rodríguez, por su parte, echó la culpa de la actual situación en Cataluña al Gobierno «por no haber sabido resolverlo políticamente. Este problema supera la dimensión del 23-F, sin duda. El no haber hecho nada y haber optado sólo por soluciones jurídicas ha generado más independentismo ya más fractura social».
