A pesar de que se encontraba muy mal de salud, Vladimir Kokorev permaneció en prisión 28 meses.
La Audiencia de Las Palmas estima el recurso de los Kokorev y acuerda su libertad provisional
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27/9/2017 17:43
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Actualizado: 27/9/2017 17:54
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La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canarias ha estimado los recursos de Julia Maleeva y Vladimir Kokovev contra el auto 1 de agosto de 2017, dictado por el Juzgado Instrucción no 5 de Las Palmas en sus Diligencias Previas 737/2009, por el que se acordaba prorrogar la situación de prisión provisional comunicada y sin fianza hasta el 9 de septiembre de 2018. La Sección ha decido la libertad de Julia y de Vladimir, si bien a éste último le impone una fianza de 600.000 euros.
La Sala formada por los magistrados Emilio Moya (presiente), Salvador Alba y Oscarina Narajo (ponente), ha decidido imponerles medidas cautelares. Tanto Julia como Vladimir, acusados de ejercer de presuntos testaferros del dictador guineano, Teodoro Obiang Nguema, tendrán prohibida la «salida de la isla de Gran Canaria y retirada del pasaporte y obligación de comunicar al Juzgado cuantos cambios de domicilio realizare y con obligación «apud-acta» de comparecer en el Juzgado o en la Sala de la Audiencia Provincial que vaya a celebrar el juicio semanalmente.
En un principio a ambos se les habría impuesto una fianza de dos millones de euros para cada uno, y otros dos para su hijo Igor, que también se encuentra en prisión por esta causa. En total 6 millones de euros.
Una cifra a la que no podrían hacer frente según sus defensas. «Con las propiedades de los Kokorev, entre las que se incluye su vivienda habitual, es posible hacer frente a esta rebaja de la fianza a 600.000 euros». «De momento, seguirá en prisión hasta que se validen los bienes, ella sí saldrá automáticamente».
Desde el despacho de Antonio José Cabrera y José Antonio José Choclán, están contentos con la resolución, «es una buena noticia insisten». Aunque podría ser mejor, «podrían haberles puesto directamente en libertad a los dos. Ahora a seguir luchando, a Europa y lo que queda».
En su escrito la Sala entiende en el caso de Julia que «en el presente caso hemos de reflexionar sobre las circunstancias especiales expuestas en parte en el recurso, resultando que lleva ya, la aún investigada, que no acusada, en situación de prisión provisional, un tercio de la pena que se le puede llegar a pedir».
Subraya asimismo que » Yulia Maleeva únicamente podría resultar acusada por un delito de blanqueo de capitales, pues es únicamente éste el delito que fundamentó la extradición y es éste el único delito que puede justificar en este momento de la investigación, la denegación o admisión de la prórroga de la medida cautelar y ningún otro, (independientemente de lo que ocurra posteriormente en el curso de la misma); y la horquilla penológica de este tipo delictivo se sitúa entre los seis meses y los seis años de prisión, no existiendo por el momento indicio alguno de conducta agravada respecto a Yulia, ( sino más bien al contrario poca intensidad de los indicios de su participación por lo más arriba expuesto), lo que nos podría situar en el caso de que la investigada cumpliera anticipadamente la pena de cuatro años de prisión, antes del juicio».
Unos argumentos similares a los que esgrime en el caso de su marido Vladimir, aunque entiende que «no tiene misma participación en los hechos que su esposa, sino que el recurrente participa en los hechos no solo con mayor intensidad, sino que es el que tiene el dominio del hecho, el que decide las operaciones«. Por eso, para el fija la citada fianza de 600.000 euros.
Larga duración del procedimiento
Vladimir, un anciano ruso, nacionalizado español, de 66 años, que junto a su mujer, de 66, periodista, y su hijo Igor se encuentran en prisión provisional desde 9 de septiembre de 2015, cuando fueron extraditados desde Panamá donde fueron detenidos, después de una larga e intermitente investigación que inició en 2008 tras una querella interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos por blanqueo de capitales. Unos hechos por los que podrían ser condenados a 6 años, según sostienen sus letrados.
Y por lo que Antonio José García Cabrera, abogado de Julia insiste que ya «iban camino de cumplir un tercio de la que sería la pena máxima del delito”, por lo que “no parecía razonable mantener la prisión desde ningún punto de vista humanitario ni jurídico”.
Algo que ha apreciado el tribunal al insistir además, en que este procedimiento, cuya instrucción se inició en 2009, «no tiene un horizonte que nos marque su fin, máxime cuando por un auto de 13 de septiembre de 2017 esta misma Sala ha estimado un recurso que interesaba una serie de diligencias, cuya práctica de alguna de las cuales requerirá la tramitación de la correspondiente comisión rogatoria».
Por todo ello, concluye la Sala, a la hora de estimar los recursos de Julia y Vladimir; en que «la medida de prórroga de la prisión provisional adoptada, podría vulnerar el derecho a la libertad del artículo 17 de la Constitución , y del artículo 5 CEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) , al resultar desproporcionada en razón de la naturaleza del delito objeto de investigación».
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