La magistrada rechaza archivar las investigaciones sobre la asesora y la psicóloga de Juana Rivas, como ellas han pedido

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, María Ángeles Jiménez Muñoz, ha rechazado archivar la causa abierta, en lo que a la asesora legal, Francisca Granados, y la psicóloga de Juana Rivas, Teresa Sanz, se refiere, y ha ordenado realizar nuevas diligencias de investigación (averiguaciones necesarias para la comprobación de un hecho o de la responsabilidad de los partícipes en el mismo).

Ambas están siendo investigadas por su presunta vinculación con la sustracción de menores que se le atribuye a esta madre de Maracena, la cual permaneció casi un mes ilocalizable incumpliendo la orden judicial que le obligaba a entregar a sus dos hijos al padre.

En un auto fechado el 27 de septiembre,  la magistrada argumenta que «no ha lugar» porque la Fiscalía considera que es necesario primero, concretar y definir si las investigadas tienen responsabilidades penales. Una vez que tenga esa información sobre su mesa, al final de las averiguaciones, tomará la decisión.

El criterio de Jiménez Muñoz va en la línea de lo expuesto por la Fiscalía, que ha planteado la realización una serie de diligencias en esa línea. Además, ha informado en contra de la petición de ambas.

La jueza ha ordenado a la Guardia Civil que informe del contenido de todas las manifestaciones públicas realizadas por Francisca Granados en los diferentes medios de comunicación de ámbito local, regional y nacional, en relación con los hechos que están siendo investigados.

Igualmente, ha acordado requerir a la Policía Judicial para que investigue los datos concretos de escolarización en España de los hijos de Juana Rivas durante los cursos 2016-2017 y 2017-2018, a fin de conocer «en qué centros, durante cuánto tiempo y con qué fecha de matriculación» estuvieron.

De ambas gestiones pide la jueza que se le dé cuenta en el plazo máximo de un mes, según añade el auto, contra el que cabe recurso de reforma y apelación ante la Audiencia Provincial.

Investigadas como supuestas inductoras o partícipes necesarias

La psicóloga y la asesora de Juana Rivas fueran citadas a declarar como investigadas por «su presunta intervención» como «inductoras» o «partícipes necesarios» en la supuesta sustracción de los hijos de Juana Rivas el pasado 30 de agosto, cuando se acogieron a su derecho a no declarar en base al «secreto profesional».

A su salida del Juzgado, señalaron a los medios que «bajo ningún concepto» habían «inducido, apoyado o cooperado» en supuestas sustracción de menores ni en el caso de Juana Rivas ni en el de las más de 100 mujeres que cada año pasan por el Centro Municipal de la Mujer de Maracena.

En otro reciente auto, el Juzgado rechaza también la personación como acusación popular de la ‘Asociación Granada por la Custodia Compartida ya’ por considerar que la presencia de partes procesales «ajenas a la causa deviene innecesaria».

Juana Rivas declaró como imputada el pasado 5 de septiembre ante el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, donde está siendo investigada por desobediencia judicial y sustracción de menores tras permanecer casi un mes ilocalizable con sus hijos sin acatar la orden judicial que le obligaba a entregarlos al padre, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar y al que en 2016 denunció por malos tratos.

No obstante, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada acordó a principios de septiembre no reabrir la diligencias previas por supuestos malos tratos en este caso al entender que los hechos denunciados ocurrieron presuntamente en Italia y que por tanto la jurisdicción competente es la italiana.

Prohibido hablar sobre sus hijos en las televisiones

Precisamente, ayer esta misma magistrada emitió un auto prohibiendo, tanto a Francesco Arcuri, “como especialmente a Juana Rivas”, a los letrados y procuradores que les representan, hacer ningún tipo de declaración pública, tanto en medios de comunciaciñon o en redes sociales, que permita identificar, aunque sea indirectamete, a “sus hijos en el contexto de la guarda y custodia, vida intima personal o familiar y en relación con los delitos que aquí se investigan o pudieran investigarse”.