Quince magistrados catalanes se han dado de baja de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) al no aceptar su propuesta para rechazar la «judicialización» a la hora de resolver el «problema político» en Cataluña ante el referéndum del 1-O.
En una nota, esta quincena de jueces, entre los que figura Àngels Vivas, Juli Solaz, Daniel Bartomeus, Guillem Soler, Joan Agustí, Lidia Castell, Núria Cleries -fue directora general de relaciones con la administración de Justicia durante el tripartito-, Silvia Ventura, F. Xavier González, Jaume Masfarré, Montse Figuera, Montserrat Raga, Josep Maria Noales, Joan Francesc Uria y Ramon Llena, uno de los instructores del caso Palau, ha anunciado que se da de baja de JJpD porque ya no se reconocen en ella, después de que esta asociación haya rechazado su propuesta de «mínimos» en defensa de «los derechos y libertades públicas de la ciudadanía», según publica La Vanguardia.
Los jueces que se han dado de baja de JJpD pretendían que esta asociación defendiera públicamente que es «desacertado» que un «problema político» como el que se plantea en Cataluña ante el 1-O se intente resolver «fuera de la vía política, mediante su judicialización», y que protestas contra decisiones judiciales se consideren sediciosas si se mantienen en el «marco pacífico».
«Los poderes públicos deben preservar en todo momento el respeto a los derechos básicos de libertad ideológica y de expresión y difusión libre de pensamientos, ideas y opiniones», sostenía el escrito planteado por estos magistrados, que JJpD no asumió como propios.
También advertían en su propuesta de que las actuaciones que lleve a cabo la Fiscalía en relación con el referéndum del 1-O «se tienen que someter al control de los jueces» desde el momento en que se considere que los hechos investigados son constitutivos de delito o si ya existe una causa abierta por los mismos hechos.
Además, reclamaban que se respetara el derecho de reunión y manifestación, «sin que la crítica o el rechazo que los ciudadanos puedan mostrar ante decisiones adoptadas por gobiernos, jueces o fiscalías tenga que ser considerada una actuación sediciosa si se hace en el marco pacífico de una manifestación ciudadana».
Otro de los puntos que estos jueces catalanes plantearon sin éxito en JJpD fue que cualquier detención que se ordenase en este proceso se llevara con «escrupulosa observancia» de su necesidad y con «proporcionalidad» respecto a las formas usadas para llevarla a cabo.
