La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), en funciones de tribunal de apelación, ha ratificado la condena de cuatro años y medio de prisión impuesta a José Vicente Balaguer Martínez, médico y jefe de Urgencias del del Hospital Clínico de Valencia, por falsificar recetas para sacar medicamentos del Servicio de Farmacia del centro sanitario a nombre de un familiar, incluso cuando éste ya había fallecido.
El tribunal, formado por los magistrados Juan Climent Barberá, como presidente, José Francisco Ceres Montes y María Pía Calderón Cuadrado, confirma así la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, dictada tras un veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular el pasado mes de abril, que le consideró autor de un delito continuado de falsedad en documento oficial y un delito de estafa a la Administración.
El condenado pretendía, en su recurso de apelación presentado, que se anulara el juicio, el acta de votación y las actuaciones posteriores hasta la sentencia y pedía la celebración de un nuevo juicio con un Tribunal del Jurado distinto al presidido por el magistrado José Manuel Ortega Lorente.
La Audiencia, en la sentencia que ahora confirma el TSJCV, le impuso una multa de 6.765 euros y le inhabilitó para ejercer cargo público durante 4 años.
Además, contemplaba una indemnización del médico a la Generalitat Valenciana de cerca de 7.000 euros, importe estimado de los medicamentos que obtuvo el facultativo con el SIP de su familiar.
Los hechos sucedieron entre 2009 y 2011 cuando el médico ejercía la Jefatura de Sección del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico de Valencia, institución en la que trabajaba desde 1991.
De acuerdo con los hechos probados, Balaguer Martínez sacó hasta 14 cajas del medicamento «Revatio» de la unidad de Farmacia del Clínico, con la tarjeta sanitaria de su familiar.
El precio de cada caja de «Revatio», medicamento también indicado para tratar la disfunción eréctil, estaba valorado en 500 euros.
El médico hizo creer al responsable de Farmacia del centro sanitario que su familiar necesitaba el medicamento para tratarse de una enfermedad pulmonar, por lo que se autorizó su dispensación desde octubre de 2009.
De este modo, sacó hasta nueve cajas del fármaco, con recetas firmadas por él mismo, usando el SIP de su tío, aquejado de una enfermedad respiratoria.
De hecho, y según el relato de hechos probados de la sentencia de la Audiencia, el familiar enfermo sufría una patología cuya medicación suministrada conjuntamente con el «Revatio» estaba contraindicada.
El tío del condenado falleció en septiembre de 2010, pero él no comunicó la muerte, y sacó cinco cajas más del mismo fármaco hasta abril de 2011.
El condenado explicó en el juicio que estas últimas dosis eran para su padre que, según aseguró, tenía también una dolencia pulmonar.
