Uno de los principales objetivos del Ministerio de Justicia para esta legislatura es conseguir la implantación de un sistema de gestión procesal único en las 17 Comunidades Autónomas.
Actualmente existen 10 sistemas de gestión procesal distintos en esas Comunidades Autónomas, que, en muchos casos, “ni se hablan” entre sí.
Este es un hecho.
Lo que produce una desazón evidente entre los hombres y mujeres que administran y gestionan la Administración de Justicia.
Salvo en un caso concreto: la gestión de las Cuentas de Depósitos y Consignaciones Judiciales que, desde hace 15 años, realiza Santander Justicia, la unidad especializada en este campo del Banco de Santander.
Los letrados de la Administración de Justicia (antes conocidos como secretarios judiciales) de los 4.500 órganos judiciales -y los 8.000 jueces de paz- gestionan todas las consignaciones que realizan los afectados.
Pueden ser fianzas para eludir prisión o asegurar determinados tipo de responsabilidades; también depósitos, para poder recurrir las resoluciones judiciales o pagar multas impuestas por las autoridades.
Y se realiza a través de las aplicaciones desarrolladas por Santander Justicia.
De la misma forma, comprenden aquellos depósitos necesarios para participar en subastas judiciales, o para pagar embargos judiciales o cantidades adeudadas que la otra parte se niega a recibir, entre otras.
Un sistema idéntico en todos los órganos judiciales
Da lo mismo que el letrado de la Administración de Justicia tenga su destino en L’Hospitalet de Llobregat, Bilbao, Tafalla, Vilanova de Arousa, Cádiz, Almería, Ibiza o Madrid y que el sistema de gestión procesal de cada Comunidad Autónoma sea radicalmente diferente y “hable” otro lenguaje informático y tenga una estructura que hace imposible la comunicación.
El programa de Santander Justicia que utilizan los letrados de la Administración de Justicia es el mismo para todos.
La clave de esta eficacia está en que los que lo gestionan son los antiguos secretarios judiciales. Un único cuerpo nacional de funcionarios que depende directamente del Ministerio de Justicia. Por eso su papel y su función es esencial en el control y gestión de estas cuentas.
A través de la banca “online”, tanto particulares como empresas pueden hacer consignaciones judiciales las 24 horas del días 365 días al año.
Por ello, la gestión económica de los asuntos judiciales desarrollada por Santander Justicia se ha convertido en un referente de eficacia, tanto a nivel nacional e internacional como por el volumen de dicha gestión y los avances tecnológicos con los que ha contribuido esta entidad a la Administración de Justicia.
Y no es publicidad sino una realidad constatada y constatable.
El año pasado gestionaron, como responsables de estos precisos asuntos económicos de la Administración de Justicia –y entidad colaboradora del Ministerio de Justicia- un total de 17.128 millones de euros; 828 millones más que en 2015, a través de 5,2 millones de cuentas de consignaciones judiciales.
Esta cifra comprende los ingresos por consignaciones y los pagos de mandamientos judiciales.
Todo comenzó en 2002
En ese año el Santander heredó el sistema que ejecutaba las operaciones bancarias destinadas a los juzgados en aquellos asuntos en los que se requería un depósito de dinero.
El sistema que funcionaba era muy sencillo. Primitivo.
Básicamente era gestión de papel. Antiguo, hay que decirlo.
Bajo la colaboración con los diferentes ministros de Justicia -tanto del PP (José María Michavila, Alberto Ruiz-Gallardón y Rafael Catalá, el actual), como del PSOE -Juan Fernando López Aguilar, Mariano Fernández Bermejo y Francisco Caamaño)-, Santander Justicia implementó una estrategia basada en tres ejes: una aplicación Extranet para funcionarios (letrados de la Administración de Justicia, principalmente), y profesionales (procuradores, abogados y graduados sociales), que son los usuarios; una aplicación Intranet destinada a toda la red de Oficinas del Banco Santander; y un Datamart, con información estadística y controles operativos.
De esa forma, lo que hace 15 años era un sencillo programa de cobros y pagos se ha convertido hoy en una plataforma completa que es un referente mundial y la envidia de muchos países de nuestro entorno.
«El Santander ha invertido, desde sus inicios, como entidad de la Administración de Justicia, más de un millón en horas de tecnología, formación y proyectos de modernización aplicados exclusivamente a este servicio, que conlleva un amplio plan de desarrollos y una constante evolución», explican desde Santander Justicia.
¿Objetivo? Conseguir un servicio completo y de calidad.
Cómo funcionan otros países avanzados
Pocos países democráticos avanzados han encontrado una solución «a la española».
Reino Unido, por ejemplo, tiene un Servicio Bancario Gubernamental, que es el proveedor de estos servicios para el sector públicos.
Las transacciones las realizan dos bancos, el Citigroup y el Royal Bank of Scotland Group.
Alemania, por el contrario, tiene un sistema atomizado. Los 17 Estados Federales, o Landers, y el Estado Central disponen de cajeros de los tribunales estatales centrales.
Los cajeros, a menudo (aunque no de manera exclusiva) mantienen sus cuentas bancarias abiertas en entidades públicas, bien en el Deutsche Bundesbank (el Banco Central Alemán), bien en los respectivos Landesbanken (grupo de bancos estatales con organización regional en Baviera, Bremen, Hambrugo, Sajonia, Berlín, etc.) para gestionar los flujos financieros del dinero que entra en las cuentas consignadas.
En Polonia, país similar a España en población, la solución que opera es la de funcionar con dos bancos simultáneamente, el Banco Nacional de Polonia y el BGK, aunque algunos tribunales optan por otros bancos privados, como el Citi, el BZ WBK o el BRE.
Nuestro vecino, Portugal, por el contrario, es el que más se asemeja a la gestión de las cuentas de depósitos y consignaciones «a la española».
Allí los pagos de los procesos judiciales los realiza el Instituto de Gestión de Tesorería y Crédito Público mediante el Documento único de Cobranza que permite realizar el pago en bancos, cajeros o Internet.
Referente en el sector justicia
La actividad de Santander Justicia, por otra parte, no se ha ceñido sólo a la gestión de las cuentas y depósitos de consignación sino que se ha convertido en «el banco» de los profesionales del sector legal, a los que permite financiarse con hipotecas, préstamos personales, anticipos gratuitos de nómina de seis meses, créditos especiales para despachos, anticipos del turno de oficio para abogados y tarjeta gratuitas o una cuenta especial Justicia exenta de comisiones de servicio.
El tratamiento y las ofertas que reciben funcionarios, jueces, fiscales, abogados del Estados, médicos forenses, abogados, procuradores, graduados sociales y notarios son ventajosas, comparados con las de sus competidores.
A esto también contribuye de forma decisiva la App Santander Justicia para dispositivos móviles, una aplicación diseñada para que los profesionales tengan acceso a sus cuentas expediente, lo que facilita al abogado o graduado social acceder a sus cuentas y al letrado de la Administración de Justicia ejecutar diversas opciones en cualquier momento o lugar.
