La Asociación de Jueces de Paz de Baleares manifiesta a los representantes institucionales su preocupación ante el peligro que supondrá la entrada en vigor de la ley 20/2011 de 21 de julio, del Registro Civil, que acabaría con la existencia de los Juzgados de Paz, sus magistrados, titulares y sustitutos.
«Aunque la entrada en vigor de esta ley ha sido aplazada ya dos veces, la verdad es que de cada día se van rebajando las competencias de los Juzgados de Paz, lo que hace pensar que el final está próximo», señala la asociación en una nota de prensa.
La citada asociación recuerda que en Mallorca hay Juzgados de Paz en todos los municipios excepto Palma, Inca y Manacor, que son partidos judiciales. El resto cuenta con un Juzgado de Paz y un Juez de Paz. Además, subraya que, dentro de los archivos de estos juzgados «está escrita toda la historia de los pueblos a través del Registro Civil».
Por ello, los jueves de paz lleva a cabo encuentros a nivel político, con cada uno los grupos con representación parlamentaria, los presidentes del Parlament balear, el Consell de Mallorca, el Govern y la Delegada del Gobierno.
En estas visitas, proponen hacer un frente común para instar, en una moción conjunta, al Gobierno Español a que no aplique de forma definitiva la citada ley y devuelva las competencias perdidas.
La desaparición de los jueces de paz y de sus titulares, supondría alejar aún más a los ciudadanos de la justicia, recalca la entidad.
La asociación recuerda en un comunicado el papel fundamental que aportan estas instituciones, de la mano de los jueces y sustitutos, de acercar a todos los ciudadanos que no viven en las grandes ciudades, en el escalón básico del mundo judicial.
La tarea de los jueces de paz en conciliaciones entre vecinos, apoyo a personas necesitadas, soporte judicial o solo para evitar litigios, supone una tarea «muy valiosa», «totalmente fundamental y necesaria», resalta el escrito.
Los jueces de paz ejercen en más de 7.700 municipios españoles
En España los jueces de paz ejercen en más de 7.700 municipios, por su “cercanía y proximidad”. Estos jueces legos ejercen en poblaciones donde no hay Juzgado de Primera Instancia e Instrucción.
Perciben una media de 80 euros mensuales--el Ministerio destina anualmente a Justicia de Paz 2 millones de euros– y realizan en cuestiones menores, desde disputas por lindes hasta reclamaciones inferiores a 90 euros, recepción de denuncias, funciones de Registro Civil, papeleo sobre defunciones y bodas civiles y conciliación para evitar que una polémica llegue a la vía judicial.
