El juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha pedido una fianza de 1 millón de euros al exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau por la pieza en la que se investiga una presunta financiación irregular del PP de Valencia, según ha podido saber Europa Press.
El magistrado ha adoptado esta medida tras solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción y para asegurar la responsabilidad civil de Grau en el caso de que fuera condenado en esta pieza, en la que se le atribuyen los delitos de cohecho, malversación y delito electoral.
El pasado mes de septiembre el magistrado del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el caso Imelsa y su derivado conocido como Taula, acordó citar a declarar como investigado al exvicealcalde de València en la pieza relativa a la financiación de las campañas del PP de la capital valenciana de 2007 y 2011, y también a la actual gerente del PP nacional, Carmen Navarro. También fue citado como investigado el exgerente del PP provincial José Moscardó.
Grau fue citado como investigado por los delitos de cohecho, malversación y delito electoral para el 6 de octubre en relación con la financiación de las campañas del PP de la ciudad de 2007 y 2011 a través de la empresa Laterne Product Council (LPC). No obstante, ese día Grau acudió al juzgado pero se acogió a su derecho a no declarar.
Moscardó y Carmen Navarro fueron citados para este lunes. El primero también se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez al alegar que la Audiencia está pendiente de resolver un recurso que interpuso su letrado en relación con las prórrogas de este procedimiento, mientras que Navarro pidió un aplazamiento y ha sido citada nuevamente para el día 23 de este mes, según ha podido saber Europa Press.
El auto del pasado 20 de septiembre se basa en un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del que se desprende que el que fuera administrador de Laterne Vicente Sáez, ya fallecido, y Alfonso Grau acordaron «utilizar el entramado empresarial» del primero para «alcanzar el objetivo de sufragar de forma irregular la adquisición de bienes y servicios de terceros».
Esta operativa se llevaba a cabo, según se explica en la resolución, «velando el origen de los fondos y simulando la imputación de gasto, impidiendo su fiscalización y permitiendo que se superara el techo legal de gasto, sin reflejo en la contabilidad electoral».
Las cantidades que según la documentación aportada por la UCO se habrían canalizado «tanto para financiar como para hacer pago de los servicios encargados a terceras empresas» figuran en una relación de eventos de la campaña electoral de 2007, junto con sus importes.
En el epígrafe ‘Coste Total Campaña’ aparecen gastos por un total de 2.538.731 euros y, a continuación, se consignan otras cantidades de entradas de dinero asignadas a ciertas personas jurídicas que son tratadas como ‘Aportaciones’ por un total de 2.683.750 euros. Sin embargo, el magistrado resalta que el gasto declarado en la contabilidad electoral por el Partido Popular en aquellas elecciones, en toda la provincia de Valencia, ascendió a la suma de 133.762 euros. (EP)
