Los representantes de los jueces decanos en la rueda de prensa, al finalizar las XXVII Jornadas Nacionales, celebradas en Bilbao: de izquierda a derecha, Pedro Viguer, de Valencia, Antonio Viejo, de Madrid, Lidia Ureña, de Hospitalet de Llobregat, Aner Uriarte, de Bilbao, Mercedes Caso (tapada), de Barcelona, Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, y José María Páez, de Málaga.
Independencia económica del Poder Judicial, reivindicación de los jueces decanos
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18/10/2017 14:03
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Actualizado: 18/10/2017 15:59
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La gota final parece haber desbordado el vaso. Es lo que se desprende de una de las reivindicaciones que hacen los jueces decanos en las conclusiones finales fruto de las 27 Jornadas Nacionales que acaban de clausurar en Bilbao: independencia económica del Poder Judicial.
«Reclamamos la independencia económica del Poder Judicial, que no puede ni debe seguir condicionado por la mayor o menor generosidad de los poderes ejecutivos central o autonómicos, ya que estos pueden derivar en una sutil forma de condicionamiento de la eficacia judicial», se puede leer en las conclusiones.
La Administración de Justicia, los jueces y magistrados que ejercen jurisdicción en toda España, dependen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero cualqueir tipo de medidas de apoyo, refuerzo o creación de nuevas plazas, es potestad del Ministerio de Justicia y, en última instancia, del Ministerio de Hacienda, que es quien administra los dineros.
La Administración de la Administración de Justica, es decir, los medios materiales y los funcionarios dependen material, orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia (en el caso de las Autonomías de Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Baleares) y de las 12 Autonomías que han recibido esa transferencia (Madrid, Cataluña, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, La Rioja, Andalucía y Canarias).
Los jueces decanos se resienten de ese estado de cosas, de ahí que reclamen dicha independencia económica.
«El Poder Judicial es hoy económico-dependiente cuando al menos se le debería garantizar autonomía presupuestaria para decidir y dotar las medidas de apoyo, sustituciones y la política de creación de plazas judiciales, ya que el sistema actual en el que intervienen el Ministerio de Justicia, las Comunidades Autónomas, el CGPJ y las Salas de Gobierno carecen de instrumentos eficaces para exigir que las administraciones competentes cumplan sus obligaciones a la hora de poner a disposición de los juzgados y tribunales los medios materiales y humanos, ya que hoy por hoy carecen de capacidad para exigir el cumplimiento de dichas obligaciones y la actividad gubernativa queda en algo puramente testimonial, inoperante e inútil», explican.
Es el «único Poder del Estado que depende en todo de los demás para disponer de recursos y funcionar eficazmente, lo que implica que la Justicia será lo que los demás Poderes del Estado quieran que sea, según le proporcionen los medios necesarios o no», apostillan.
Vocales elegidos por la base
Los jueces decanos también vuelven a reclamar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que los 10 vocales jueces que sirven en el CGPJ sean elegidos por sus 5.500 compañeros de forma universal, secreta y directa en vez de cómo se hace ahora, por el Congreso y el Senado, debilitando, con ello, la percepción de independencia del Poder Judicial
«Solicitamos que la elección de los vocales de procedencia judicial del CGPJ se realice por todos los Jueces y Magistrados de forma universal y directa, un juez un voto, de forma que todas las sensibilidades que concurren en la Carrera Judicial puedan tener presencia en el Consejo», afirman en su comunicado.
CONCLUSIONES DE LAS XXVII JORNADAS NACIONALES DE JUEZAS Y JUECES DECANOS DE ESPAÑA
El CGPJ no hace sus deberes
En sus conclusiones, los jueces decanos recuerdan la obligación legal que tiene el CGPJ de fijar las cargas de trabajo de la carrera. Una obligación con la que no cumple.
«Nuestro órgano de gobierno viene incumpliendo sistemáticamente dicha obligación, habiendo iniciado los trabajos en todos los ámbitos (carga de entrada, de salida -a efectos retributivos y a efectos disciplinarios- y a efectos de salud) pero sin resultados definitivos, desconociendo el estado de dichos trabajos en la actualidad», recuerdan.
«En particular, es llamativa la resistencia del CGPJ en fijar las cargas de trabajo a efectos de salud, entendiendo que se trata de una cuestión esencial para la carrera definir la carga que, con carácter orientativo, debe soportar un juez como máximo para no ver comprometida su salud, y esto con prioridad a la fijación de cualquier otra carga, porque es la que debe servir de base al resto y condicionarlas. La salud es lo primero», añaden.
Y piden que lo haga de una vez por todas y deje de ser inoperativo.
«Pedimos al CGPJ que fije de una vez nuestras cargas de trabajo, en particular a efectos de salud, siguiendo la propuesta elaborada por los representantes de las cuatro asociaciones judiciales en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, de fecha 20 de abril de 2016». Y señalan: «En ningún caso puede hacerse recaer en los integrantes de la carrera judicial la inoperatividad del CGPJ en la determinación de las cargas de trabajo».
Una visión de 180 grados a la Administración de la Justicia
Los 43 jueces decanos de las principales ciudades españolas, y de la Audiencia Nacional, realizan un análisis crítico del funcionamiento de la Administración de Justicia en las conclusiones de las Jornadas que vienen realizando anualmente desde hace 27 años. A las que aportan las soluciones, desde su punto de vista particular, que es el que les confiere la experiencia de estar trabajando a pie de calle.
En estas, han abordado la adecuación de la Planta Judicial, los planes anuales de sustitución, el «fiasco del papel cero», los tribunales de instancia, el Registro Civil, el estado de conservación de los edificios judiciales y la coincidencia de su visión con la de las cuatro asociaciones judiciales.
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