«La Fiscalía confirma que se está preparando una querella por rebelión para el supuesto de que se llevara a cabo una declaración de independencia». Con esta declaración tan escueta la Fiscalía General del Estado ha ratificado una información publicada por el diario La Vanguardia.
El delito de rebelión puede suponer, en la más grave de las hipótesis, una pena de hasta 30 años de prisión. Si se decide presentar la querella –cuyo contenido está prácticamente ultimado-, una vez que se aplique el 155, despojando al presidente del gobierno autonómico catalán, Carles Puigdemont, y a las 13 personas que conforman su ejecutivo, de su condición de aforados, se presentaría ante la Audiencia Nacional.
La decisión sobre cómo y cuándo presentarla está pendiente de los acontecimientos.
Su objetivo fundamental es la exigencia de responsabilidad penal al presidente del gobierno autonómico.
El texto se centra en el análisis de su conducta. Pero es probable que la querella se extienda a todos los miembros del gobierno autonómico y a los integrantes de la Mesa del Parlamento regional que hubieran permitido la tramitación de este punto para su debate en el pleno de la Cámara catalana.
No sería un obstáculo para su presentación el hecho de que, en principio, el delito de rebelión requiera el uso de violencia.
El criterio que ha prosperado en la Fiscalía es que este término ha de interpretarse en un sentido amplio, y que ya han existido episodios de este tipo, aparte de los que potencialmente llegaran a derivarse de una proclamación de independencia.
Si el fiscal general del Estado da definitivamente luz verde a su presentación, la querella llevará aparejada la petición de detención de Puigdemont y su posterior ingreso en prisión incondicional. El argumento esencial para una solicitud de esta naturaleza derivaría de la gravedad del delito del que el presidente de la Generalitat sería acusado.
Todos estos aspectos ya fueron objeto de análisis en una reunión del fiscal general del Estado con los fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo.
No hubo votación alguna, pero pudo constatarse la existencia de diferentes puntos de vista sobre su viabilidad y oportunidad, ante la perspectiva de que no hubiera declaración de independencia. Un punto debatido fue el relativo al órgano ante el que habría que presentar la querella, ya que el president de la Generalitat está aforado ante el TSJ de Catalunya.
