El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha indicado que si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, declarara hoy en el Parlament la independencia de Cataluña, no tendría efectos jurídicos porque se basa en leyes suspendidas, pero políticamente se estaría promoviendo un proceso al margen de la ley.
Así se ha pronunciado el ministro, en declaraciones a los medios de comunicación minutos antes de participar en un desayuno informativo organizado por el periódico digital «encastillalamancha.es«, tras ser preguntado por la posibilidad de que el pleno del Parlament, convocado para esta tarde, declarara la independencia.
Catalá ha precisado que es «difícil especular sobre lo qué Puigdemont pueda decidir». «Llevamos varias semanas de incertidumbre, de ambigüedad de declaraciones que no acaba uno muy bien de entender lo que significan», ha criticado.
En cualquier caso, ha indicado que si el Parlament declarara la independencia de Cataluña, «no puede tener ningún efecto jurídico», «ninguna trascendencia, ninguna consecuencia», pues ha señalado que la ley en que se ampara dicha declaración ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional.
«Por lo tanto –ha reiterado– jurídicamente no tiene ninguna transcendencia. Es imposible que una parte del territorio de España se declara independiente del resto, porque no está en nuestro marco Constitucional», ha recordado.
Sin embargo, ha añadido que, desde el punto de vista político, es «una manifestación de una intención de promover un proceso al margen de la ley», y ha lamentado que «sean los radicales quienes estén orientando la política en los últimos tiempos» y estén llevando a «una crisis de la convivencia, una pérdida de garantías de los derechos de los ciudadanos».
Por ello, y tras lamentar las «amenazas, pintadas y descalificaciones» hacia quienes no apoyan la independencia, ha hecho un llamamiento «a la cordura, al equilibrio, al respeto, que se restituya la legalidad», y que en eso está trabajando el Gobierno central.
Las detenciones se practican un mandato de un juez
Catalá ha precisado que, en España, las detenciones se practican con ocasión de un mandato de un juez y de asistencia de un proceso judicial. «Esas son las garantías que tenemos todos los españoles. Nadie se ve privado de sus derechos y de sus libertades salvo en el marco de un proceso judicial y por la decisión de un juez», ha dicho.
A renglón seguido, ha señalado que si eso sucediese, sería consecuencia de que hubiera un proceso judicial. «Pero a mi no me consta que haya ninguna actuación policial que pueda llevar consigo la detención de ningún miembro del Gobierno de la Generalitat», ha insistido.
«Pretendemos que en Cataluña se siga cumpliendo la ley, el Estatut y la Constitución», ha defendido Catalá, que ha confiado en que el debate independentista no tenga efectos negativos en la economía catalana, aunque ha alertado de que «ya se están suspendiendo reservas turísticas y se está parando la actividad económica».
Apelar al consenso del 77
Poco después, durante su intervención en el desayuno, el ministro ha apelado al espíritu de «consenso y de diálogo» de 1977 que fraguó la Constitución. «Personas de derechas, de izquierdas fueron capaces de sentarse y encontrar soluciones que han permitido 40 años de desarrollo político, económico y constitucional», ha defendido.
Luego de asegurar que «los demócratas van a ser capaces de superar los envites que tienen por delante», ha apuntado que «nadie está por encima de la ley» y que los tribunales «dan y quitan la razón cuando hay litigios».
«Eso es de primero de democracia. Parece que algunos lo ponen en cuestión y quieren decidir lo que tenemos que ser todos juntos. España es mucho más que Madrid», ha concluido. (EP)
