Por 399 votos a favor (el 60 por ciento de los 666 eurodiputados presentes), 101 en contra(el 15 porciento) y 166 abstenciones (el 25 por ciento) el Pleno del Parlamento Europeo aprobó, el pasado 24 de octubre, la resolución impulsada por la eurodiputada francesa, Virgine Rozière, en el que se hace un llamamiento a la Comisión Europea para que, para finales de año, proponga normas que garanticen la protección a los «whistleblowers» (denunciantes de irregularidades) en los 27 estados miembros de la Unión.
La resolución aprobada es un documento no legislativo que, sin embargo, establece una fuerte prioridad en las instituciones europeas en la línea de desarrollar, posiblemente, una Directiva, decisión que ahora queda en manos de la Comisón Europea; a ella le corresponde hacer una propuesta.
Previamente, el Comité de Asuntos Jurídicos de ese mismo Parlamento, había aprobado el 2 de octubre el mencionado informe de Rozière, miembro del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en la eurocámara, por 17 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones.
Tanto la Federación Europea de Periodistas (EFJ, por sus siglas en inglés), como la Unión de Radiodifusión Europea (EBU), han recibido con alegría la aprobación del texto en el que se reconoce al gran vínculo entre el periodsimo de investigación, los «whistleblowers» y sus contribucioens, claves para mantener informada a la ciudadanía.
En el informe se pide protección para los «whistleblowers» cuando no tienen otra salida más que denunciar ante la opinión publica actividades ilegales.
«La informacion facilitada por los ‘whistleblowers’ es uno de los caminos más efectivos para luchar contra la corrupción», afirmó REnate Schroeder, director de EFJ.
RECONOCIMIENTO
Durante la sesión del 24 de octubre el Parlamento Europeo reconoció la labor de los «whistleblowers» en la Unión Europea en favor del interés público y por tanto los consideró merecedeores de la protección y el apoyo adecuados.
La Eurocámara señaló que es necesario establecer normas a nivel europeo para proteger y apoyar mejor a los «whistleblowers», así como a su papel en la revelación de delitos graves contra el interés público, como la corrupción, los errores judiciales, la evasión fiscal, la falta de protección en el área de la seguridad alimentaria o el medio ambiente, o incluso las violaciones de los derechos sociales, humanos o de los trabajadores.
Asimismo, los eurodiputados destacaron que la protección de los «whistleblowers» en la UE está fragmentada y es, a menudo, inapropiada.
En el informe aprobado se propone a los países miembros que desarrollen mecanismos para facilitar el lanzamiento de alertas internas y para permitir que los denunciantes informen a las ONG y la prensa, incluida la posibilidad de hacerlo de forma anónima; protección contra represalias, incluidas sanciones contra aquéllos que intentan evitar que los denunciantes hablen y medidas para desalentar las represalias; medidas de apoyo, como asistencia financiera y legal, apoyo psicológico e indemnización por daños a denunciantes en procesos civiles; y la existencia de organismos informadores nacionales independientes, verificando su credibilidad y orientando a los denunciantes, así como la autoridad a nivel de la UE para facilitar la coordinación en casos transfronterizos.
