La Fiscalía solicita una fianza conjunta y solidaria de más de seis millones de euros en las querellas contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto de los miembros del Govern ante la Audiencia Nacional como en la presentada ante el Supremo contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa.
En ambas querellas por delitos de rebelión, sedición y malversación, el Ministerio Fiscal pide que se les cite a todos con «carácter urgente» para declarar ante la Justicia «a fin de tomarles declaración como investigados y a los efectos de celebrar la comparecencia regulada en el art. 505 LECrim, para valorar la adopción de medidas cautelares de carácter personal respecto de los mismos».
Asímismo, la Fiscalía subraya que «teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y de los delitos imputados, así como de las penas previstas, la flagrancia en su comisión, la contumacia en la ilegalidad y el riesgo de reiteración en las conductas antijurídicas. En caso de incomparecencia, el Fiscal interesa la inmediata detención de los querellados«.
Además, la Fiscalía también solicita que «se acuerden las medidas cautelares que se estimen pertinentes para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir los ahora querellados». De este modo, la Fiscalía pide que se incluya «la exigencia de fianza y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que prudencialmente se fija en un importe de 6.207.450 euros», en total y de forma solidaria.
Por ultimo, en las querellas firmadas por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, solicitan que se acumule a estas querellas las causas seguidas ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra varios miembros de la mesa del Parlament por prevaricación y desobediencia, así como contra los responsables del Govern, por los mismos delitos más un tercero de malversación.
Precisamente, el TSJC descartó «por el momento», imponer una fianza a Carles Puigdemont, y los exconsellers, como pidió la Fiscalía para asegurar responsabilidades económicas por el referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional.
Del mismo modo, la Fiscalía interesa que se unan a las causas en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo «el testimonio de los particulares que se consideren relevantes a los efectos de acreditar los hechos expuestos» en estas querellas y otras dos más.
Se refiere a la causa que instruye la magistrada Carmen Lamela, en el Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional por un delito de sedición contra los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmiunm Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, en prisión provisional desde el pasado 16 de octubre, así como contra el exmayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero.
Y también la investigación abierta por el titular del Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona contra cargos del Govern no aforados sobre los preparativos para el referéndum del 1-O.
