Foro Judicial Independiente (FJI), una de las cuatro asociaciones de jueces, se reafirmó en su oposición a que haya especialistas de lo civil y penal, a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elabore un reglamento para ello y al acuerdo por el que el órgano de gobierno de los jueces propone reconocer los méritos de los 35 aprobados (25 de penal y 10 de civil) en los exámenes que luego fueron anulados por el Tribunal Supremo.
«Manifestamos nuestro rechazo a la especialización en civil y penal que el CGPJ está tramitando en estos momentos y ello por ser innecesario y, también peligroso al dar entrada a criterios subjetivos en la promoción de los jueces, con claro perjuicio de la mayoría de una carrera judicial sobrecargada, en especial aquellos compaeñros que, además, tienen cargas familiares, generalmente las mujeres», dice FJI en las conclusiones emanadas durante la celebración de su XIV Congreso Nacional, que tuvo lugar en Cuenca entre el 25 y el 27 de octubre pasados.
El evento fue inaugurado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en Cuenca, ciudad por la que es diputado por el PP. Le acompañó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco.
Estaba prevista la asistencia del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, pero canceló su asistencia sin dar ninguna explicación a los organizadores.
LESMES, REPROBADO
El Congreso de FJI, que cuenta con 327 afiliados en toda España de una plantilla de 5.500 jueces, al día siguiente acordó pedir públicamente la dimisión de Lesmes «por presidir un CGPJ que no ha trabajado por la independencia del Poder Judicial ni ha defendido, en la mayoría de las ocasiones, a los jueces y magistrados que lo conforman, poniéndose de perfil en numerosas ocasiones», e impulsando propuestas no demandadas por la carrera, «cuando no directamente perjudiciales», al adherirse a postulados defendidos desde el poder ejecutivo.
Entre las conclusiones, destacan la oposición a que la instrucción de los delitos pase al Ministerio Fiscal, por el «riesgo de injerencias políticas», la derogación de plazos máximos fijados en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el aumento de la planta judicial para mejorar los tiempos de instrucción.
CONTRA LAS SUSTITUCIONES OBLIGATORIAS
FJI rechaza, asimismo, el modelo de sustituciones obligatorias entre órganos judiciales impuesto por la reforma de la Ley Orgánica 8/2012.
«Toda sustitución entre jueces debe ser voluntaria, retribuida al mismo nivel que el trabajo ordinario y limitada en atención a las necesidades de protección de la salud profesional del juez, debiendo potenciarse la figura del juez de Adscripción Territorial y otras fórmulas para aumentar el número de jueces cuya plaza esté destinada a atender sustituciones», dice el punto 9 de las conclusiones.
También muestran su disconformidad con la adscripción forzosa de los jueces de menores, realizada por el CGPJ «por entender que no está justificado, desconoce las peculiaridades de esta jurisdicción e introduce una notable inseguridad jurídica respecto de toda la carrera».
De la misma manera, piden al CGPJ que fije la carga de trabajo, «a efectos de salud, conforme a un porcentaje del módulo de salida y en el plazo máximo de tres meses mediante un calendario definitivo que deberá estar antes del 20 de noviembre».
NUEVA GESTORA
Los asistentes al XIV Congreso Nacional de FJI eligieron a una nueva Gestora en la que continúa Concepción Rodríguez González del Real, titular del Juzgado de Menores 1 de Madrid, como presidenta y portavoz; el mandato de su cargo es por un año y se renueva, o no, cuando llega a su fin; y Ana Rufz Rey, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Los cinco compontentes restantes de la Gestora salieron de la misma después de cumplir su mandato de dos años.
Les sucedieron Antonio Jesús Rodríguez Castilla, titular del Juzgado de lo Social 3 de Córdoba; Jose Ramón Bernacer María, magistrado del Juzgado de Menores 1 de Toledo; Patricia Bartolomé Obregón, magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Torrelavega, Cantabria; Roberto Estéban Pradas, destinado en el Juzgado de Primera Instancia 18 de Zaragoza, y Salvador Bellmont Lorente, magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Alicante.
