Diputados de la CUP en el Parlament de Cataluña. (EP)
La Fiscalía archiva la denuncia de un particular para ilegalizar a la CUP
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03/11/2017 13:26
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Actualizado: 02/8/2018 13:37
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La Fiscalía General del Estado ha archivado la denuncia que había presentado un particular para pedir la ilegalización de la CUP, argumentando que esta formación política ha legitimado el uso de la violencia para lograr la independencia de Cataluña.
Según han informado fuentes del ministerio público, a raíz de la denuncia la Fiscalía abrió un expediente interno que acabó cerrándose, sin que ni siquiera se iniciaran diligencias de investigación, sobre la formación antisistema.
La denuncia alega que, según el Estatuto de Autonomía de Cataluña, la Generalitat «no tiene competencia alguna» para convocar consultas populares por vía de referéndum para decidir sobre su integración en España.
Además expone que en Cataluña «se ha evidenciado el uso de la violencia» contra los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil, en relación a los hechos ocurridos los pasados 20 y 21 de septiembre en Barcelona durante los registros y detenciones ordenados por un juzgado de instrucción por la celebración del referéndum del 1 de octubre.
Anteriormente, la Fiscalía General ya había archivado otras denuncias encaminadas a iniciar el proceso judicial para ilegalizar partidos que llevan en su programa la independencia de Cataluña.
Paralelamente, VOX ha anunciado que mañana iniciará un procedimiento judicial para pedir la ilegalización de ERC, PDeCAT y la CUP, al considerar que son formaciones que propiciaron un «golpe de estado» cuando el Parlament aprobó la declaración unilateral de independencia, según ha informado esta formación política.
De acuerdo con la ley electoral, no podrán presentarse a las elecciones los partidos o coaliciones que hayan sido declarados ilegales por sentencia judicial firme.
La ley de partidos establece que están legitimados para instar a declarar la ilegalidad de un partido y su disolución el Gobierno y la Fiscalía, mediante una demanda presentada ante la sala especial del Tribunal Supremo, que podría adoptar cautelarmente la suspensión de las actividades de la formación política.
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