Por primera vez en dos años de unidad, las asociaciones judiciales disienten sobre algo: la decisión de la magistrada Carmen Lamela, titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, de ordenar la prisión preventiva contra el exvicepresidente del gobierno autonómico catalán, Oriol Junqueras, y siete exconsejeros, por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.
Tres de las cuatro asociaciones judiciales -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI)- salieron en defensa de la magistrada, sin nombrarla, a propósito de los ataques y descalificaciones recibidos desde determinados sectores.
«Los Jueces no hacemos Leyes, sino que interpretamos y aplicamos las aprobadas por las Cortes Generales, Asambleas de las Comunidades y Organismos europeos competentes actuando conforme a criterios de legalidad, no de oportunidad o conveniencia política, y menos aún al dictado de otros poderes o intereses», dicen las tres asociaciones en un comunicado conjunto.
«En el desempeño de esta función, Magistrados y Jueces podemos adoptar las medidas cautelares previstas en la ley que se consideren pertinentes, siempre que concurran los presupuestos y requisitos legalmente exigidos. Precisamente por estar en un Estado de derecho, tales decisiones, además de susceptibles de crítica, serán impugnadas por los interesados que así lo entiendan y revisadas por un órgano superior para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y el de defensa», añaden.
Por ello, hablar de «presos políticos» o de «directrices políticas», dicen, es desconocer el Tratado Fundacional de la Unión Europea, la Constitución y la esencia de la función judicial.
Y reiteran su apoyo y reconocimiento a la labor de todos los compañeros que día a día garantizan el respeto a la ley y a los derechos y libertades de los ciudadanos.
Juezas y Jueces para la Democracia critican la decisión de Lamela
La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia, sin embargo, va más allá al referirse de forma clara y directa a los autos de prisión dictados por la magistrada Lamela, recordando que las resoluciones judiciales están sujetas al escrutinio y a la crítica pública.
«Desde Juezas y Jueces para la Democracia no solemos pronunciarnos sobre asuntos judiciales en trámite. No obstante, el presente caso es excepcional y nos preocupa una interpretación extensiva del Derecho Penal y limitativa de la libertad personal», afirman en un comunicado.
«Recordamos que la prisión provisional, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional, tiene carácter excepcional y la regla general debe ser la de que las personas investigadas estén en libertad salvo que se justifique un fin constitucionalmente legítimo, como el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y destrucción objetiva de pruebas durante la fase de instrucción. Tales situaciones deben estar acreditadas y suficientemente explicitadas e individualizadas en la resolución judicial que acuerde una medida tan gravosa como la prisión provisional», agregan.
«Recordamos que existen medidas menos gravosas para vincular al investigado al proceso penal que van desde la prestación de fianza, retirada de documentos de viaje, vigilancia policial, o comparecencias periódicas», puntualizan.
Y se adentran en las «peligrosas aguas» de la crítica a la decisión de una compañera al indicar que «El derecho a la defensa debe quedar incólume y respetado en toda circunstancia, por lo que resulta difícil de explicar la diferencia de trato de la misma querella en dos tribunales distintos, donde en uno se ha considerado que había vulneración del derecho a la defensa y se ha otorgado a los querellados una semana para preparar la declaración, mientras que en el otro tribunal se les cita en un festivo y 24 horas antes de declarar».
Y concluyen, una vez más, que «la mera aplicación de las leyes no va a solucionar el conflicto actual, por lo que instamos a los partidos políticos a que sigan buscando medios para solucionar el problema existente en Catalunya».
