No se puede «negar la independencia judicial, desconocer la separación de poderes que existe en este país, para exigir al Gobierno tan teatral, como vanamente, que ponga en libertad a los presos preventivos como si los jueces fuéramos sus lacayos y aquellos realmente presos políticos». Así de contundente se ha mostrado la Sección de Cataluña de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en relación a «instituciones o representantes politicos» que «usurpando la legitimidad que la democracia les ha prestado, se arrogan el derecho a atacar directamente a los jueces y a depreciar su independencia e imparcialidad».
«Los jueces, en un país democrático como España, estamos sometidos al imperio de la Ley y comprometidos a garantizar los derechos de todas las personas que se vean sometidas a una investigación criminal», añaden en un comunicado hecho público y que firma su máximo responsable, el magistrado Luis Rodríguez Vega, bajo el título «Basta ya. No son presos políticos».
La APM de Cataluña respondía así a las críticas recibidas por la magistrada Carmen Lamela, titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional.
Lamela ha sido la juez que ha enviado a prisión preventiva al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y a 7 exconsejeros del gobierno autonómico que presidía Carles Puigdemont, para quien ha pedido a Bélgica su entrega, junto a 4 consejeros huidos, como él.
Ilusión de impunidad
De acuerdo con la Sección catalana de la APM, el independentismo catalán ha creado, durante los últimos años, una «ilusión de impunidad» con la que hay que acabar para poder valorar «de forma objetiva la enorme responsabilidad que puede llegar a suponer llamar a una parte del pueblo a tomar la calle y rebelarse contra la Constitución, aprobada por la inmensa mayoría de los españoles».
«Los partidos políticos, de los que los investigados forman parte, y los que les dan su apoyo en Catalunya o fuera de ella, critican de manera desaforada la actuación de la Juez de Instrucción desde la posición privilegiada que les otorga disponer de un grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, pero en ningún momento presentaron una proposición de ley para modificar o suprimir del Código Penal los delitos que han llevado a los investigados a su situación de privación de libertad», dice la APM de Cataluña .
Los hechos de los que han sido acusados tienen, según esta asociación, una gravedad extraordinaria, «como tratar de subvertir el orden constitucional y declarar de forma unilateral la independencia de una parte del territorio nacional, utilizando para ello el dinero y las instituciones públicas, violando la Constitución y desobedeciendo abiertamente las resoluciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya».
Por rememorar la gravedad de dicha situación hemos recordar, que antes de la declaración unilateral e ilegal de independencia de la República catalana, ante la posibilidad de la convocatoria por el expresident de la Generalitat de elecciones autonómicas, un importante diario advertía seriamente que el camino contrario, el que finalmente fue seguido, podía conducir “a su país a un periodo de inestabilidad, del que no cabe excluir violentos episodios de enfrentamiento civil” (Editorial “La Vanguardia” 19/10/2017).
«Es indudable que las resoluciones judiciales pueden y deben ser criticadas, y lo que es más importante, pueden ser recurridas ante un tribunal superior que revisará la legalidad de la decisión. No nos corresponde a nosotros aprobar o desaprobar dichas resoluciones, pero sí defender el sistema judicial», concluye.
