El expresidente de la Generalitar Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que le acompañan en Bruselas comparecerán el próximo día 17 de noviembre ante el tribunal que deberá decidir en primera instancia sobre las órdenes europeas de detención y entrega que ha emitido contra ellos la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.
Así lo ha confirmado la Fiscalía de Bruselas en un comunicado, en el que precisa que la audiencia se celebrará a puerta cerrada.
Los cinco políticos son reclamados por la Justicia española por los delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desacato a la autoridad, entre otros cargos, en relación con el proceso secesionista de Cataluña.
Hasta el día de la vista ante la Cámara del Consejo los cinco permanecerán en libertad con medidas cautelares, tal y como decidió este domingo el juez de instrucción y había solicitado previamente la Fiscalía de Bruselas.
Entre las restricciones a su libertad se encuentran la prohibición de viajar al extranjero sin el permiso del juez de instrucción, la obligación de comunicar una dirección de residencia y la de asistir personalmente a cada una de las audiencias a las que se les convoque.
Carles Puigdemont y los exconsejeros autonómicos Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) podrán vivir en la misma dirección postal o en distintas localizaciones, con tal de estar bien comunicadas al juez instructor.
Si el próximo 17 de noviembre el juez de primera instancia -tendrá un plazo máximo de 24 horas para emitir sentencia- deberá pronunciarse sobre si acepta la petición de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de detención y entrega o si, por el contrario, acepta los argumentos de su letrado sobre el posible riesgo de que en España no pueda tener un juicio justo ni se respeten los derechos fundamentales.
Sea cual sea la decisión de esta Cámara del Consejo, las partes podrán recurrir la decisión primero ante la Corte de Apelación, que tendrá también 15 días para pronunciarse, y, en última instancia, ante la Corte de Casación, que cuenta con el mismo plazo para tomar la decisión definitiva. Por lo que el trámite se irá probablemente hasta 60 días, pasadas las elecciones del 21-D, o incluso a 90, en «circunstancias excepcionales»
