La Audiencia Nacional, en colaboración con la justicia panameña y colombiana, ha conseguido decomisar 5,4 millones de dólares en metálico (4,6 millones de euros) al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ocultos en cuentas a nombre de sociedades tituladas por testaferros, vinculados con la operación Lezo.
También ha sido intervenido diverso patrimonio inmobiliario en Colombia, aún pendiente de tasar, según publica la Cadena Ser.
Según relata la Cadena Ser se han descubierto y confiscado todo el patrimonio que el expresidente madrileño ha amasado producto de actividades supuestamente delictivas con el Canal Isabel II, la empresa pública que presidió en Madrid.
Se trata de un total de 5,4 millones de dólares en metálico, y varios bienes inmuebles aún por cuantificar.
En la averiguación de los hechos ha sido determinante el viaje practicado la semana pasada a Colombia por el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Manuel García Castellón, y por el fiscal Anticorrupción, Carlos Yáñez, que entre otras pesquisas que permanecen bajo secreto de sumario, consiguieron tomar declaración a un testigo clave.
Según revela la Cadena Ser, «Este informador, que formaba parte del engranaje supuestamente corrupto, se derrumbó y no solo admitió y aportó pruebas de que Ignacio González estuvo siempre al mando de la polémica compra de la empresa brasileña Emissao, que causó un agujero de 25 millones al erario público repartidos en comisiones, sino que ofreció detalles decisivos del entramado empresarial tras el que supuestamente se oculta González, y las cuentas bancarias en las que el expresidente guardaba los 5,4 millones de dólares».
Para los investigadores queda acreditado que Ignacio González, en colaboración con el responsable de la filial latinoamericana del Canal, Edmundo Rodríguez, se beneficiaron “ilícitamente” del patrimonio de la Comunidad de Madrid, mediante el “abuso de su posición” dentro del Ejecutivo autonómico.
La investigación ha demostrado que los imputados actuaban como una organización criminal, con Madrid como “centro de decisión delictiva”, y diversos países de Sudamérica como lugar de “ejecución material delictiva” para lograr una mayor protección e impunidad.
Ignacio González salió de la prisión madrileña de Soto del Real el pasado día 8 tras pagar 400.000 euros de finanza impuesta por la Audiencia Nacional.
