El exvicepresidente Oriol Junqueras, y los exconsellers Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa, todos en prisión preventiva, así como Santi Vila, son favorables a que el Tribunal Supremo asuma la causa por rebelión, sedición y malversación que instruye la Audiencia Nacional, han indicado sus defensas.
Este martes el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa por rebelión contra los exmiembros de la Mesa del Parlament, ha pedido un informe a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela antes de decidir si le reclama la causa contra los exmiembros del Govern por el mismo delito y el de sedición contra el exmayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero y los presidentes de Òmnium, Jordi Cuixart, y la ANC, Jordi Sànchez.
Igualmente, le pide que emplace a las partes personadas en esos procesos –que investigan distintas actuaciones que concluyeron con la declaración unilateral de independencia de Catalunya– para que en el mismo plazo le informen directamente sobre su posición ante la acumulación de sus procesos en este órgano.
Ante esta petición, Junqueras y otros exconsellers ya han anticipado que son favorables a dicha acumulación, y de hecho, su abogado, Andreu Van den Eynde, fue el que pidió, como representante de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de la exmiembro de la Mesa del Parlament Anna Simó, que la causa contra el Govern se acumule en el Tribunal Supremo, que lleva la querella contra la Mesa del Parlament por los mismos delitos.
En un escrito presentado a Pablo Llarena, Van den Eynde argumentaba que «el objeto de ambos procesos es coincidente o, en cualquier caso, conexo», siempre desde la perspectiva de la tesis de la acusación.
Además, considera que la propia imputación –que según ellos adolece de falta de rigor técnico– describe unos delitos «que por su estructura típica de comisión basada en actuaciones grupales y reparto de cometidos, sólo puede ser abordada desde un único proceso».
Otras defensas consultadas por Europa Press han preferido no posicionarse públicamente hasta el momento en que remitan sus escritos ante el Supremo.
En paralelo, el pasado jueves Llarena requirió al TSJC toda la causa que se abrió allí por desobediencia, malversación de caudales públicos y prevaricación contra Forcadell y los miembros de la Mesa que permitieron la tramitación de las leyes de ruptura y de referéndum. (EP)
