Las fundadoras de la AMJE -todas jueces-, de izquierda a derecha: Lucia Aviles, Gloria Rodriguez, Ana Fernandez, Zita Hernández, Ana Castán, Amaya Olivas, Carla Vallejo, Mar Serna , Ana Salas, Gloria Poyatos, Eva Platero y Adoracion Jimenez. Confilegal.
La Asociación de Mujeres Juezas de España hace 16 propuestas para avanzar en la igualdad real
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24/11/2017 06:05
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Actualizado: 02/8/2018 13:36
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La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) plantea 16 propuestas para avanzar en la igualdad real, en la línea de las medidas aprobadas por el Congreso.
«El objetivo es claro, conseguir una igualdad real y un marco de convivencia en el que hombres y mujeres puedan desarrollar plenamente sus proyectos de vida, sabiéndose y reconociéndose iguales en valor. Se trata de construir un mundo en el que las políticas de género devengan, por fin, innecesarias y redundantes al haber conseguido que el respeto y reconocimiento entre hombres y mujeres ocupe en la sociedad el lugar que antes se sometía al machismo», dicen en el documento que contiene dichas propuestas.
Son estas:
Prevención y sensibilización
1º-Abordaje desde la Educación como vacuna frente a las violencias machistas. Incorporación al currículum escolar como formación obligatoria en todos los niveles de enseñanza de contenidos específicos en materia de igualdad y no discriminación, así como el estudio de los logros y significado del movimiento feminista como objetivo formativo específico de la asignatura de Historia. Revisión de los planes y programas de estudio con el fin de que incluyan como referentes formativos a mujeres relevantes en la historia, la ciencia y la filosofía.
2º– Implantación de Planes de Sensibilización y Campañas con carácter periódico y permanente especialmente dirigidas a los y las jóvenes con el fin de concienciar sobre la eliminación de prejuicios y estereotipos de género, prevenir conductas de violencia machista en los varones y fomentar una imagen de la mujer fuerte y positiva y una masculinidad sana y respetuosa. Extensión del programa educativo “Educando en Justicia Igualitaria”, como una herramienta de educación transformativa desde la justicia, mediante el acercamiento de nuestros jóvenes a los juzgados.
3º-Obtener el compromiso de los medios de comunicación social en la no difusión de contenidos que incidan en la violencia y discriminación machistas y recabar de ellos acciones positivas de divulgación y valoración positiva de actitudes y modos de vida igualitarios y basados en el respeto.
4º-Impartir formación obligatoria y específica en perspectiva de género y no discriminación a todos los y las profesionales que intervengan en el proceso educativo así como procurarles herramientas para la detección de situaciones de violencia machista sobre las chicas jóvenes. Dicha formación deberá integrarse en los temarios de oposiciones, másteres y cursos destinados a la formación del profesorado.
Respuesta Institucional y reformas legales
5º– Abordar una reforma del Código Penal y de la normativa procesal que, en consonancia con el Convenio de Estambul, de un tratamiento específico a los delitos en cuya comisión se aprecia una claro origen machista fundado en la cosificación y discriminación de la mujer y ello tanto en el ámbito de la pareja como fuera de ella. Debe ampliarse el ámbito objetivo y subjetivo de la violencia de género, para adaptarlo al Convenio de Estambul. Se debe ampliar el concepto de violencia de género que recoge nuestra legislación que se limita a la violencia que ejercen las parejas y exparejas de las mujeres y ampliarse a otras conductas que suponen ataques de extrema gravedad sobre la mujer por el mero hecho de serlos tales como delitos contra la libertad sexual, matrimonios forzados, violencia económica, mutilación genital femenina, trata de mujeres con fines de explotación sexual, el acoso sexual o delitos de odio basados en el género.
6º-Reforma del Estatuto de la Víctima con el fin de que se reconozca la consideración como tal y se extienda la totalidad de su régimen jurídico a los y las menores descendientes de aquellas mujeres que hayan sido víctimas de algún tipo de violencia machista. Debe darse a los y las menores un tratamiento y protección específicos, incluida la asistencia social integral y la posibilidad de que se les dote de asistencia letrada autónoma y defensor judicial en caso de conflicto de intereses.
7º-Abordar las reformas procesales necesarias en relación a la actual regulación de la dispensa de declarar en los casos de víctimas de delito así como nuestra legislación penal en relación con las atenuantes de confesión y reparación.
8º-Modificación de la LOPJ y de la Ley de Demarcación y Planta con el fin incrementar el número de Juzgados Exclusivos en materia de Violencia contra la Mujer cuya competencia deberá extenderse a todos los delitos machistas y no sólo los cometidos en el ámbito de la pareja, garantizando y condicionando esta competencia, en todo caso, a que la carga de trabajo que asuman permita un tratamiento individualizado y profundo de cada caso. Deben eliminarse los Juzgados compatibles y tender a una mayor especialización de estos delitos, residenciándolos en un órgano específico que cuente con personal judicial y asistencial adecuadamente formado. La comarcalización de estos juzgados deberá hacerse solo en casos puntuales cuando la valoración de todas las circunstancias , especialmente las de las mujeres, lo aconsejen y no como un mero instrumento de la política de recortes.
9º-Ofrecer en casos de violencia de género no denunciada medios de protección, información de calidad y soporte asistencial digno y coherente con la situación de la mujer, no haciendo de la denuncia la única vía posible de acceso a información, asistencia y ayudas. Debe analizarse en este sentido el estado y propuestas para una efectiva implantación del Estatuto de la Víctima de forma autónoma y no vinculada a las vicisitudes del proceso penal.
10º- Para los casos judicializados, reclamamos más medios materiales y personales, así como una organización judicial racional y adaptada a las cargas de trabajo.
11º-Efectivos policiales especializados y disponibles 24 horas, los 365 días del año para atender casos de violencia machista en la totalidad del territorio nacional.
12º-La constitución y rápida implantación de equipos multidisciplinares con formación específica integrados por profesionales de la abogacía, fiscalía, medicina y psicología forense, judicatura, policía y letrados/as de la administración de Justicia que orienten, coordinen y aseguren la correcta respuesta en casos de criminalidad machista durante todas las fases del proceso.
13º- Instauración de equipos de acompañamiento integral a la víctima constituidos por profesionales especializados e integrados dentro de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas garantizando que esté permanentemente orientada e informada de las vicisitudes del proceso y de los recursos a los que puede acceder.
14º- Mejora del sistema de seguimiento integral de casos de violencia de género y detección policial del riesgo (Viogen) incorporando también la valoración del agresor y la situación de las/os hijas/os, no limitándose sólo a los riesgos de agresión física. Deberá reunir la totalidad de denuncias presentadas y ser complementada con la opinión experta de trabajadores sociales, psicólogos y sanitarios (potenciación de las Unidades de Valoración Forense) cuyo número y especialización debe aumentar. Incrementar la coordinación y comunicación de información entre dicho registro y los existentes a nivel administrativo y penitenciario.
15º-Aumento de los recursos sociales para poder derivar a las mujeres y a sus hijas e hijos incrementando el número de casas de acogida, pisos tutelados y puntos de encuentro familiar. Recuperar las competencias y dotar económicamente de forma suficiente a las entidades locales en materia de asistencia a las víctimas con el fin de que puedan ponerse en marcha recursos suficientemente dotados y accesibles para ellas
16º-Formación obligatoria y especializada en género para franquear los prejuicios y estereotipos, de todos los estamentos de la justicia, fiscalía, judicatura, forensía, abogacía y personal al servicio de la administración de justicia para integrar realmente la igualdad y promover una justicia con perspectiva de género como principio transversal que cruza todo nuestro sistema de justicia.
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