Así lo asegura la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), que afirma que los resultados contenidos en el Informe de Evaluaciones de Riesgos Psicosociales de la carrera judicial (2016/2017) publicados en 2018 en aplicación del Método FPSICO V3.1 de evaluación del INSSBT, evidencian una situación de riesgo superior en el caso de las mujeres.
«Así, por ejemplo, en la carga de trabajo, la incidencia del riesgo fue un 3% superior en el caso de las mujeres y, en las demandas psicológicas, la brecha de género se incrementó hasta un 10% más de incidencia de riesgo en las mujeres que en los hombres. Es incuestionable, a tenor de las propias estadísticas del CGPJ, que la conciliación sigue recayendo, de forma casi monopolizada, en las juezas que son quienes mayoritariamente solicitan los permisos y licencias familiares», afirman en un comunicado.
La AMJE, que se refiere a la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo no 581/23, de 22 de septiembre de 2023, en cuyo fallo se declara que
el CGPJ ha incumplido con su obligación de regular la carga de trabajo judicial a efectos de salud laboral y se le condena a regularla efectivamente, afirma que dicha obligación tiene un impacto de género incuestionable porque beneficiará más a las juezas, debido a la doble “jornada” que opera en todas las profesiones, incluida la judicial.
«Los datos evidencian la necesidad, de la que se ha hecho eco el alto tribunal, de tomar medidas reales y efectivas relativas a una carga de trabajo asumible para proteger la salud de la carrera judicial y de implementar medidas específicas que minimicen los factores de riesgo psicosocial a los que se exponen más las mujeres que los hombres en la tarea judicial. Por ello, el cumplimiento del plan va a tener un impacto positivo mayor entre el sector judicial femenino y, especialmente, en el colectivo de juezas sustitutas, por su mayor vulnerabilidad y precariedad de condiciones», subrayan.
Y añaden: «Cumplir con el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial supone cuidar de la salud de las personas que ejercen la función jurisdiccional y, sin duda, junto al aumento de la plantilla, ofrecer a la ciudadanía un servicio de Justicia con la calidad que merece».
