El consenso ya es generalizado entre los partidos políticos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados: La reforma que llevó a cabo el Parlamento en 2013 del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), transformando su naturaleza colegiada en un órgano presidencialista, ha sido un fracaso completo y hay que derogarla.
La última prueba de ello ha venido, de forma inesperada, de la proposición de ley que la semana pasada presentó ante el Registro de la Cámara Baja el grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, en la que plantea derogar dicha reforma «por representar una involución hacia la democracia autoritaria». Y, «como mal menor», volver a la situación anterior, recuperando todas las competencias suprimidas.
La mencionada reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se realizó a través de la Ley Orgánica 4/2013, de la que fue redactor el actual presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, «director general de Justicia bajo tres ministros del partido actuamente en el ejecutivo», dice la formación morada en su texto.
De esta forma, este grupo se une al consenso mayoritario existente entre el PP, Ciudadanos y PSOE de que la cosa no puede continuar así en lo que al CGPJ se refiere y que hay que cambiarlo antes de la próxima renovación, prevista para diciembre de 2018.
Lesmes, según fuentes bien informadas, cuenta con un «golpe de suerte» para prolongarse en el cargo 1 o 2 años. Un «golpe de suerte» en forma de elecciones generales anticipadas. Si la maquinaria política se pone en marcha, dicha reforma podría estar lista para abril próximo, justo cuando comienza el proceso de elección.
La única dificultad que entraña es la derogación de esa reforma: poner de acuerdo a las cuatro formaciones políticas.
Populares y ciudadanos, en el acuerdo para la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, suscrito en septiembre de 2016, habían llegado al acuerdo de que los 12 vocales jueces fueran elegidos directamente por sus 5.500 compañeros, mediante sufragio universal y secreto. Tal como se hacía en 1980 y siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa, el Comité de Ministros de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
REIVINDICACIÓN COMPARTIDA
Una reivindicación que apoyan unánimemente las cuatro asociaciones judiciales: la Asociacion Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI).
Hasta que el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, impulsó la reforma de la LOPJ en 2013, 6 de los 12 vocales jueces eran elegidos por el Congreso y los otros 6 por el Senado de entre un total de 36 candidatos presentados por las asociaciones judiciales o de agrupaciones de jueces que cuenten con una representación mínima del 2 por ciento del total de jueces en activo.
Ruiz-Gallardón, en parte movido por la dimisión del presidente Carlos Dívar en 2012 -que intentó evitar- y por la necesidad de imponer un correctivo a los jueces, dio un giro de 180 grados a la propuesta que llevaba el PP en su programa electoral de 2011, en la que se prometía que estos elegirían directamente a sus 12 vocales, pasó a que los eligieran directamente ambas cámaras.
El PSOE, por su parte, no está por la labor de la elección directa de los 12 vocales por parte de los jueces sino de algún sistema intermedio o alternativo.
La propuesta de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Mareas sería la de volver al sistema derogado por el PP. Es decir, que las asociaciones de jueces y las agrupaciones que se pudieran formar, propusieran sus candidatos al Congreso y al Senado.
No es el paquete completo pero es volver al sistema anterior, recuperando, además, el sistema de operatividad colectiva existente antes de la reforma, con 20 vocales de «primera clase», no como ahora, que son 7 a dedicación completa y 12 parcial, con una Comisión Permanente que se ha convertido en el verdadero órgano decisorio del CGPJ, bajo el control del presidente.
Un CGPJ que ha sido denunciado 6 veces ante el relator especial de Naciones Unidas por las asociaciones de jueces FJI, JJpD y la AJFV, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, la Brigada Tuitera y Ris International Spain, organización defensora de los derechos y libertades civiles, que denunciaron, entre otras cosas, la «colonización de los partidos políticos» del órgano de gobierno de los jueces.
El último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) señalaba una encuesta realizada por el CGPJ entre jueces y magistrados españoles señalaba que el 75 % de los encuestados considera que el Consejo no protege suficientemente el principio de independencia judicial.
