Hace unos días acudí al juzgado de primera instancia ya que en un procedimiento penal de impago de pensiones necesitaba aportar parte de este para acreditar que la reclamación civil en dicho procedimiento estaba ya liquidada.
Una compañera que me precedía solicitó en instrucción al juez que se trajera testimonio de referido procedimiento.
Sin embargo, tanto el magistrado como la sala en la apelación, denegaron la práctica de lo solicitado.
Según ellos podría hacerse en el escrito de defensa.
Así se solicitó y el juez penal lo denegó.
En vista de lo que iba a suceder, momentos previos al juicio oral, acudí personalmente al juzgado civil para solicitar copia de ciertas resoluciones. El funcionario no me dejó acceder a los autos, aun estando en presencia el cliente.
Finalmente solicité la comparecencia del letrado de la Administración de Justicia –antes secretario judicial– quien, como no podía ser de otra forma, nos dejó ver los autos pero no nos dejó sacar copias con la excusa de que «en ese juzgado no se pueden hacer fotocopias”.
Esta triste y patética realidad es la que sufrimos por desgracia muchos juristas en el ejercicio del derecho de defensa.
A veces, porque la supuesta rigidez de las leyes nos ningunea y otras, porque simplemente el funcionario o el profesional que participa en el procedimiento nos ve en algunos casos como una molestia en lugar de un elemento necesario más.
Por fortuna la abogacía vive grandes momentos de cambio y tiene la oportunidad de reivindicar y cambiar este tipo de situaciones.
Necesitamos trabajar por una abogacía unida y reivindicativa que exija un Estatuto de la Abogacía con mayores garantías o el desarrollo legislativo de una Ley Orgánica del Derecho de Defensa para que los juristas puedan en un plano de igualdad trabajar en la administración de justicia como jueces y fiscales, sin que se ponga en duda su papel.
No puede ser que el derecho fundamental a defenderse, esencia básica de toda democracia libre y justa, se recoja con amplitud en el artículo 24.2 de la Constitución pero que la realidad del día a día sea bien diferente.
La España del siglo XXI merece una abogacía ágil, práctica y eficaz en el desarrollo de algo tan serio como es defender la libertad de nuestros representados.
Basta ya
Basta ya de debates sobre si se puede o no acceder al atestado policial para conocer los “motivos” que fundamentan la detención cuando se acude a comisaría. Basta ya de impedir que el abogado pueda participar activamente en asistir o asesorar a su cliente desde el primer momento en que este le requiera.
Es hora de tener siempre acceso a los autos del juzgado y no tener que lidiar con incumplimientos o retrasos en los señalamientos.
¿Qué ocurre cuando un testigo es llamado ante la Policía o Comisaría?
¿Por qué no puede ir asesorado de un abogado –salvaguardando su posición jurídica–?
¿Acaso abogacía es símil de entorpecimiento en el actuar policial?
Por ello, el derecho de defensa y por ende la abogacía deben reivindicar mejoras legislativas, por ejemplo: la instrucción penal y la práctica de la prueba, en muchos casos lenta y a la libre interpretación del juez.
Un juez que no es de garantías sino una especie de parte, más bien inquisitorial, que busca los vestigios del delito más en connivencia con la fiscalía, esta última movida por el principio acusatorio, y relegando el papel del abogado a un segundo plano.
Ante estas adversidades, la abogacía tiene la oportunidad de vivir un momento histórico si es capaz de juzgar su papel como motor de la sociedad civil.
Una abogacía unida y activa puede ser capaz de buscar desde su esfera jurídica, como el grupo de poder que debiera de ser, mejoras sociales que impacten positivamente en la gente.
Para ello es necesario que esa abogacía decida realmente si quiere ser dueña de su propio destino o un mero espectador.
