En esta entrevista en Confilegal, habla sobre las carencias de la Justicia, los ciberdelitos y la escasa indemnización que reciben personas que han estado en prisión provisional y que finalmente han resultado inocentes. Foto: Brais Fernández
Juan Gonzalo Ospina: «Las indemnizaciones a personas que han estado en prisión y han sido absueltas son ridículas»
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21/12/2024 00:45
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Actualizado: 23/12/2024 13:26
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Juan Gonzalo Ospina, conocido entre los que le conocemos como ‘Juango’, es el abogado penalista al frente de Ospina Abogados, despacho que actualmente representa a la familia del cirujano colombiano Edwin Arrieta, asesinado a manos de Daniel Sancho en Tailandia.
Fue diputado de la anterior Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid y también presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid (AJA-Madrid).
Es un auténtico innovador mediático. Porque ha convertido su presencia en redes sociales en una parte de una estrategia de marketing a través de la que muestra a sus potenciales clientes quién es como profesional y sus valores.
Son vídeos en los que cuenta su día a día en los juzgados junto a sus compañeros Beatriz Uriarte y Juan Antonio García Jabaloy, exfiscal de la Audiencia Nacional. Y la estrategia debe funcionar porque, como anunció recientemente, este años ha aumentado un 15 % la facturación de su despacho en relación a 2023.
En esta entrevista Ospina habla sobre las carencias de la Justicia, los ciberdelitos y la escasa indemnización que reciben personas que han estado en prisión provisional y que finalmente han resultado inocentes. Asimismo, también revela los últimos detalles del despacho.
2024 ha sido un año complicado en Justicia. ¿Qué ha faltado por hacer en cuanto a Derecho Penal se refiere?
Sigue siendo una tarea pendiente la digitalización de la justicia y los medios telemáticos. Hay normas que aconsejan a los tribunales realizar videollamadas, pero la realidad es que, cuando tenemos la declaración en un juzgado de Ibiza, como nos ocurrió hace poco, su señoría nos dijo que no era posible porque no funcionaban los medios telemáticos.
Otra tarea pendiente son los retrasos ya que se están señalando juicios en 1,2,3 e incluso 4 años. También habría que hacer una reforma seria y de rigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al haber hechos delictivos que dejan una absoluta impunidad al delincuente, como son los delitos informáticos.
En España tenemos una tarea pendiente en cuanto a delitos telemáticos. Ojalá algún día nuestros dirigentes políticos se preocupen más por la ciudadanía y no por sus debates ideológicos.
¿Es difícil perseguir los ciberdelitos?
Es muy difícil, hay parches. Vemos en internet frases como «Gran operación contra el cibercrimen», y eso es un brindis al sol. Es para informar a la ciudadanía de que se está trabajando, pero es una mentira en comparación a términos absolutos.
A diario se están cometiendo delitos informáticos de toda índole, como puede ser recibir un SMS o una oferta de trabajo donde te roban las claves. Hay casos en los que una persona sabe que le han robado las cuentas y que su dinero se está llevando al extranjero y el ciudadano no tiene la capacidad de bloquearlo de manera inmediata.
«Ojalá algún día nuestros dirigentes políticos se preocupen más por la ciudadanía y no por sus debates ideológicos»
Es kafkiano. Lo que tenemos que hacer es una reforma real y no lo que ocurre hoy en día, que la policía recoge la denuncia como si estuviéramos en 1880, lo manda al juzgado y en 6 meses llama a la víctima a tomar declaración cuando ya está en un paraíso fiscal.
Tenemos que bloquear el dinero de manera inmediata con medidas cautelares que realmente, aunque estén en la ley, operen y sean reales. En los delitos informáticos tenemos una larguísima tarea pendiente.
Pero no solamente en relación a delitos del patrimonio, sino contra la intimidad o contra el honor. Hoy en día, una persona le dice a otra que es un sinvergüenza, un malnacido o un delincuente y no pasa nada.
¿Se podría decir que nuestro actual Código Penal no está preparado para hacer frente a esta nueva forma de delinquir?
No estamos preparados para hacer frente a las demandas y a los peligros del siglo XXI.
Hablando de justicia tardía. ¿Cómo le dice a un cliente que su juicio no se va a celebrar hasta dentro de X años?
Es complicado. Hace unos meses defendimos a una persona que su madre había sido asesinada y cuatro años después, el autor quedaba en libertad porque se había terminado el tiempo máximo de prisión provisional. Este señor se ha ido la calle a la espera del juicio.
Esto pasa en España y nadie alza la voz. Un Estado de Derecho sin Justicia es un Estado de derecho sin libertad. Y si no tenemos estabilidad en la Administración de Justicia, la columna vertebral de una democracia cae.
Pero tenemos investigados que son inocentes y que se ven envueltos en investigaciones penales con juicios que tardan 10 años en salir. Tenemos un procedimiento de una investigación fiscal que comenzó en 2016 en Tenerife y en 2024 todavía no se han practicado diligencias que se acordaron en 2016 en el auto incoación de diligencias previas.
«Un Estado de Derecho sin Justicia es un Estado de derecho sin libertad»
¿España es justa a la hora de indemnizar a ciudadanos que han estado en prisión provisional y que finalmente han salido absueltos?
No. En España las indemnizaciones son ridículas, si es que las hay. Hemos tenido una persona que estuvo en la cárcel un año por un delito que acabó siendo inocente y la indemnización han sido 15.000 euros. En otro caso fueron 25.000.
Ya no solamente es ridícula en cuanto a la indemnización directa que le dan. Hay daño a su integridad moral, a su honorabilidad, a su reputación y a su vida.
Pero también pondría el foco en jueces instructores -los menos- o fiscales -los menos- o inclusive miembros de Policía o Guardia Civil que hacen investigaciones que quedan absolutamente en nada. Que se ponga un nuevo delito en el Código Penal que sean las investigaciones prospectivas como existe en Estados Unidos.
Por ejemplo, no es de recibo que Sandro Rosell se pase dos años en prisión provisional, acabe siendo inocente por el tribunal que le enjuicia y la magistrada que le puso en prisión provisional -Carmen Lamela- sea promocionada al Supremo. No digo que nadie vaya a prisión por hacer mal su trabajo, pero alguna repercusión tendría que tener.
Hablando de Ospina Abogados, ¿cómo cierra 2024 económicamente hablando?
Hemos crecido un 15% en comparación con el año pasado, es un dato muy positivo. Ojalá podamos seguir haciéndolo año tras año. El año pasado fue la primera vez que rompimos la barrera del millón de euros, por lo tanto, estamos satisfechos.
Además mejoramos la integración del equipo con Juan Antonio García Jabaloy, con Beatriz Uriarte y con abogados jóvenes que se incorporan para ayudarnos a seguir creciendo de manera organizada y orgánica.
¿Es posible que ese buen cierre de cuentas tenga que ver todos los clientes que han llegado gracias al caso Daniel Sancho?
Todo tiene algo que ver. No se puede determinar una relación directa por un caso puntual o por una acción comercial concreta.
Salir en los medios de comunicación nos permite llegar a más ciudadanos que puedan demandar nuestros servicios, pero también es importante ganar los casos, conseguir las absoluciones, conseguir los archivos. La ratio de procedimientos en los que hemos fallado ha sido del 0,05. Hemos perdido un juicio en donde pese a la línea de defensa, no salió como esperábamos.
Por lo tanto, en los más de 300 expedientes que hemos abierto en 2024, estamos contentos.
Son muy activos en redes sociales, ¿de qué manera transmitís a través de los vídeos confianza a los estudiantes y clientes que quieran estar con vosotros?
Son instrumentos para poder ofrecer nuestros servicios. Las redes sociales están aquí y quien no las utilice es que no entiende cómo funciona el siglo XXI.
Intentamos contar nuestros casos de éxito explicando cómo hemos podido ganar un procedimiento para que lo vean estudiantes de Derecho o potenciales clientes que se encuentren en una situación similar. Siempre cuidando la intimidad de nuestros representados, dando datos genéricos e intentando ser atractivos para la persona que lo ve.
¿Es fácil captar el talento en Madrid?
Esa es la dificultad. Buscar gente que, por un lado tenga capacidad de poder entender cómo funciona un despacho de abogados y, por otro lado, capte negocio y aporte carbón a la máquina para que siga funcionando.
«Las redes sociales están aquí y quien no las utilice es que no entiende cómo funciona el siglo XXI»
Ello unido a habilidades sociales, de comunicación, de bienestar, de entendimiento y de humanidad. Estar en un despacho de abogados tantas horas de trabajo surgen fricciones y es muy importante que una persona que venga a nuestra oficina coincida en nuestros principios y valores para que pueda ser un proyecto de vida y no simplemente una estancia temporal temporal.
Cambiando de tema, en 2026 va entrar en vigor la Ley de Transparencia Salarial donde todo el mundo podrá conocer el sueldo de su compañero. ¿Están de acuerdo con ella?
Creo que es malo en el sentido de que siempre se dice que lo que pasa en casa se queda en casa. Cuando hay un grupo de 12 personas trabajando no creo que el problema sea el sueldo, sino si estás valorado y si recibes una remuneración acorde con el sacrificio y la dedicación que estás ofreciendo.
En Opsina Abogados lo que hacemos es pagar a todas las personas que están en el proyecto por encima de la media, aprovechar los bonus que se le dan al final de año o a final de mes conforme a cómo ha ido el despacho. Pero decir lo que cobra uno cobra otro tendría que estar en la esfera de la intimidad.
Por último, haciendo un trabajo de imaginación. Si fuese fiscal, ¿es de los que pediría la dimisión de Álvaro García Ortiz?
Por supuesto. Pediría su dimisión porque no sólo hay que serlo, sino parecerlo. Una cuestión es un juicio jurídico y otra cuestión es un juicio político y de integridad moral.
Que haya una mínima duda de sospecha de un ilícito penal en una Institución del Estado es motivo más que suficiente para que dimitiera y dijera que iba a responder ante los tribunales.
Y más siendo el Fiscal General del Estado, es decir, siendo una persona que es jurista. No es lo mismo que se le exija un nivel a una persona ajena a los tribunales que al Fiscal General del Estado, que parte inherente de la institución. El mensaje subliminal que se le envía a la ciudadanía es deplorable.
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